Nacional

Comisionada presidenta de la UFTF, Ivonne Lizeth Ardón, denuncia el retiro de su esquema de protección

Tegucigalpa.- En el marco de la divulgación oficial del primer informe de cumplimiento sobre el financiamiento de los comicios generales, la comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Lizeth Ardón Andino, hizo una revelación que sacudió el ámbito político nacional. La funcionaria denunció públicamente que el esquema de seguridad asignado a los integrantes del pleno de comisionados fue retirado de manera repentina justo antes de dar a conocer los resultados de las auditorías y las sanciones económicas impuestas a diversos actores políticos.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en la capital de la república, Ardón subrayó que el ejercicio de la fiscalización conlleva riesgos inherentes debido a la magnitud de las sanciones económicas aplicadas por anomalías en las campañas. Sostuvo que, si bien las autoridades asumen con responsabilidad los peligros de su cargo, el Estado mantiene la obligación ineludible de salvaguardar la integridad de los servidores públicos encargados de aplicar la ley y transparentar el manejo de los recursos partidarios.

La titular del ente contralor enfatizó que esta determinación deja a los comisionados en una situación de total vulnerabilidad frente a las repercusiones de sus resoluciones administrativas. Con evidente preocupación, manifestó ante la concurrencia que el pleno se siente intimidado y expuesto por instrucciones giradas desde instancias estatales que ordenaron despojarles de la custodia policial con la que contaban para el desempeño de sus funciones fiscalizadoras.

Esta denuncia pública añade una capa de profunda tensión institucional al proceso de escrutinio de los fondos proselitistas, evidenciando las complejas circunstancias que rodean a los órganos contralores del Estado. La funcionaria exigió garantías mínimas para el ejercicio independiente de su labor, reiterando que la transparencia democrática no puede sostenerse bajo presiones que comprometan la seguridad física de quienes administran la justicia electoral.

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