Tegucigalpa.- En una acción coordinada orientada a salvaguardar la hacienda pública, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), desplegó diligencias de inspección y acopio de indicios en dos establecimientos comerciales de la capital. El operativo cuenta además con el respaldo operativo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para asegurar las instalaciones durante el desarrollo de las pesquisas ministeriales.
Las indagaciones preliminares se originaron a partir de una denuncia formal sobre la distribución masiva de un producto farmacéutico con propiedades afrodisíacas que presuntamente carece del registro sanitario obligatorio que otorga la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). Las autoridades fiscales buscan esclarecer si la comercialización de este estimulante sexual cumple con las normativas sanitarias vigentes y si el ingreso del artículo al territorio nacional se ha efectuado conforme a los aranceles y leyes tributarias.
De acuerdo con los datos recabados en el expediente investigativo, el suplemento en cuestión es fabricado en Colombia y presuntamente ingresa a la nación de manera irregular utilizando rutas comerciales desde países vecinos. Esta modalidad de contrabando elude los controles aduaneros establecidos, generando una competencia desleal en el mercado farmacéutico local y evadiendo el pago de los tributos correspondientes que sostienen el erario estatal.
El despliegue de los fiscales y los peritos de la ATIC tiene como objetivo primordial documentar fehacientemente las irregularidades mercantiles y acumular pruebas contundentes que permitan sustentar posibles acciones penales contra los responsables. Con estas intervenciones, el órgano fiscal busca desmantelar redes dedicadas al contrabando de productos regulados que amenazan la salud pública y la economía nacional.
Ante la magnitud de las pérdidas económicas detectadas en la recaudación fiscal, el Ministerio Público reafirmó su compromiso institucional de combatir implacablemente los delitos tributarios y conexos. Asimismo, las autoridades hicieron un llamamiento a la ciudadanía para colaborar activamente mediante la denuncia de prácticas comerciales ilícitas similares que puedan repetirse en otras regiones del país.
