Tegucigalpa.- En un clima de abierta confrontación con los órganos de justicia, el excandidato presidencial Salvador Nasralla se apersonó este jueves ante la sede del Ministerio Público para interponer una moción formal y demandar el esclarecimiento de las presuntas operaciones de interferencia electoral atribuidas a Fernando Cerimedo, quien fungiera como asesor de campaña del actual mandatario Nasry Asfura. La gestión legal busca destapar posibles irregularidades financieras y tecnológicas que, según los denunciantes, habrían distorsionado la voluntad popular en los comicios recientes.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Nasralla sostuvo con vehemencia que los procesos democráticos en el país han sido sistemáticamente vulnerados mediante maniobras fraudulentas y el despliegue masivo de plataformas digitales automatizadas. El dirigente político cuestionó severamente la inacción de las instancias fiscalizadoras frente a las pesquisas internacionales que enfrenta el consultor extranjero en naciones sudamericanas, exigiendo que se auditen minuciosamente los contratos, los montos erogados por el Partido Nacional y el posible ingreso de capitales foráneos al financiamiento proselitista.
Las solicitudes presentadas por el líder opositor apuntan a determinar si las tácticas de manipulación cibernética y el uso de cuentas coordenadas incidieron de manera artificial en la percepción pública durante la contienda electoral. Asimismo, criticó con dureza el manejo de los recursos de fiscalización por parte de los órganos contralores, manifestando su escepticismo sobre la independencia de los poderes del Estado y advirtiendo que la falta de transparencia profundiza la crisis de confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público recibieron la documentación entregada por el equipo legal de la oposición para evaluar el curso de las diligencias preliminares. Mientras tanto, diversos sectores políticos han reaccionado ante la denuncia, anticipando un escenario de alta polarización legislativa y judicial mientras se discuten las implicaciones legales de la contratación de asesores internacionales en los procesos electorales de la región.
