El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, formuló una grave denuncia pública al asegurar que se habrían girado órdenes de captura en contra de 13 legisladores que integraron el periodo parlamentario anterior, señalando que la acción punitiva responde a la decisión institucional adoptada en su momento para ordenar la culminación del escrutinio electoral.
Según el argumento expuesto por el exfuncionario electoral, la intervención del Congreso Nacional se fundamentó plenamente en las atribuciones conferidas por el artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República, el cual faculta al Poder Legislativo para realizar la declaratoria de elección presidencial, de diputados y de corporaciones municipales ante la falta de conclusión de los cómputos por parte del órgano electoral.
Asimismo, Ochoa vinculó la controversia política con el contexto internacional al cuestionar severamente al régimen que, según su apreciación, habría sido impuesto por Donald Trump en Honduras, mientras detallaba que en dichos comicios habrían quedado pendientes de contabilizar 306 actas presidenciales, 2,620 legislativas y 1,848 municipales, atribuyendo las fallas a las entonces consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio.
Las declaraciones vertidas por el exconsejero abren un nuevo debate jurídico e institucional sobre los límites de competencia entre los poderes del Estado y la revisión de las decisiones legislativas adoptadas en el pasado reciente en materia de organización y certeza electoral.
