
Frente a la crisis humanitaria desatada por la escasez de precipitaciones en el corredor seco del territorio nacional, el gobierno central puso en marcha un vasto plan de mitigación económica y alimentaria. Encabezada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez, la administración gubernamental movilizó recursos financieros superiores a los trecientos millones de lempiras, con el propósito fundamental de socorrer a setenta y cinco mil núcleos familiares que han perdido sus cosechas y enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad.

El despliegue oficial tuvo lugar en la municipalidad de San Miguelito, en el departamento de Francisco Morazán, zona declarada bajo alerta roja junto a más de un centenar de jurisdicciones del país. Durante la jornada de entrega de suministros, donde centenares de pobladores recibieron raciones compuestas por ciento cincuenta libras de provisiones valoradas en cuatro mil lempiras, la ministra Juárez ratificó que las instrucciones giradas por el presidente Nasry Asfura apuntan a no cesar las intervenciones hasta cubrir la totalidad de los municipios azotados por el fenómeno climático.

La estrategia asistencial forma parte de la denominada Operación de Respuesta a la Sequía 2026, un programa articulado que en sus fases iniciales ya ha beneficiado a más de quince mil familias en las demarcaciones de Choluteca y El Paraíso, con una asignación presupuestaria inicial que superó los sesenta millones de lempiras. Paralelamente, las autoridades departamentales, representadas por el gobernador Blas Ramos y los gobiernos locales, destacaron que el plan integral incluye la distribución de maquinaria pesada destinada al mantenimiento vial y a la construcción estratégica de reservorios de agua para futuras temporadas de lluvia.

Por su parte, los ediles y líderes comunitarios de las zonas beneficiadas expresaron su reconocimiento ante la oportuna intervención del Ejecutivo, subrayando que la falta de lluvias había paralizado por completo la economía de subsistencia basada en la agricultura local. Con este esfuerzo coordinado entre los diferentes despachos estatales, el gobierno reafirma su compromiso de brindar respuestas transparentes, inmediatas y descentralizadas para garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más desprotegidos de la sociedad.



