Unos 450,000 hogares en Honduras podrían quedar fuera del subsidio a la energía eléctrica si prospera una propuesta impulsada por expertos y sectores técnicos que cuestionan el modelo actual.
Según los análisis, el esquema vigente presenta fallas en su focalización, al incluir a familias que no necesariamente requieren el beneficio estatal, mientras deja en evidencia distorsiones en el sistema de financiamiento.
Señalan inequidad en el modelo actual
Especialistas advierten que el subsidio no está llegando exclusivamente a los sectores más vulnerables, sino que también beneficia a hogares de clase media.
Para Samuel Rodríguez, el problema central radica en que el modelo es “mal focalizado e inequitativo”, lo que obliga a replantear su funcionamiento antes de que continúe generando impactos económicos negativos.
Costos ocultos impactan a toda la población
Uno de los puntos más cuestionados es la forma en que se financia el subsidio. Actualmente, un acuerdo del Poder Ejecutivo obliga a los usuarios comerciales a pagar un 10% adicional en su tarifa eléctrica para sostener el programa.
Sin embargo, este incremento no es absorbido directamente por las empresas, sino que se traslada al consumidor final a través del aumento en los precios de productos y servicios.
“Se genera un efecto en cadena, donde el costo termina impactando a toda la población”, explicó Rodríguez.
Llamado a una reforma antes del 30 de abril
El especialista insistió en la necesidad de revisar el esquema antes del 30 de abril, fecha clave para definir el futuro del subsidio.
Entre las propuestas, se plantea que el beneficio se limite únicamente a familias de bajos ingresos, garantizando así un uso más eficiente de los recursos públicos.
Proponen que el Estado asuma el costo
Otra de las alternativas sugeridas es que, si el Gobierno decide mantener el subsidio, sea el propio Estado quien financie directamente el beneficio, sin trasladar la carga al sector comercial e industrial.
Según los expertos, esta medida permitiría evitar distorsiones en la economía y reducir el impacto en los precios que pagan los consumidores.
