Estados Unidos – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado su segundo mandato con una ofensiva sin precedentes para expandir el poder del Ejecutivo, firmando más de 60 órdenes ejecutivas desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.
Su estrategia, que ha generado fuertes críticas, ha puesto a prueba la separación de poderes en el país y ha desencadenado una confrontación directa con la judicatura.
Medidas polémicas y estrategia de choque
Entre sus órdenes más controvertidas, Trump ha intentado revocar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, suspender nuevas solicitudes de asilo y congelar el gasto federal sin la aprobación del Congreso.
Estas acciones han sido interpretadas como un intento de debilitar al Legislativo y fortalecer su autoridad ejecutiva.
De acuerdo con analistas, la estrategia responde a la táctica del ultraconservador Stephen K. Bannon, conocida como “flood the zone” (inundar la zona), que busca saturar a la oposición, los medios y los jueces con un aluvión de decretos, dificultando una reacción coordinada.
Choque con la judicatura y el Tribunal Supremo
Hasta el momento, el principal obstáculo para la agenda de Trump han sido los jueces, quienes han bloqueado temporalmente algunas de sus medidas.
No obstante, el mandatario parece dispuesto a desafiar el poder judicial, confiando en que el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, respalde su visión de un Ejecutivo fortalecido.
El año pasado, la Corte Suprema otorgó una amplia inmunidad a los presidentes por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que ha sido visto como un precedente para la expansión del poder presidencial.
Si el alto tribunal apoya las nuevas medidas de Trump, este podría consolidar su control sobre la Administración pública y la distribución de fondos federales.
¿Desobediencia judicial en camino?
En un giro aún más polémico, Trump ha insinuado que podría ignorar fallos judiciales que limiten su poder.
“Quizá tengamos que revisar a los jueces, porque es algo muy serio”, declaró en el Despacho Oval, sin detallar qué medidas tomaría.
El vicepresidente J.D. Vance ha respaldado esta postura, afirmando que “los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo”.
Por su parte, Elon Musk, quien lidera el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha defendido en redes sociales la idea de que las decisiones judiciales no deberían frenar las acciones del presidente.
Un desafío sin precedentes en la historia de EE.UU.
El último precedente de un presidente que desafió abiertamente a la Justicia se remonta a Andrew Jackson en 1832, quien ignoró un fallo del Tribunal Supremo alegando que el Poder Judicial no tenía capacidad para hacer cumplir sus decisiones.
Casi 200 años después, Trump parece decidido a llevar ese desafío aún más lejos, poniendo a prueba los límites del sistema democrático estadounidense y generando un debate sobre el equilibrio de poderes en la nación.
