Tegucigalpa, Honduras
En los 12 años de gobierno del Partido Nacional, Honduras asistió a uno de los peores capítulos de su historia en materia de igualdad y justicia social, a punta de golpes de Estado y fraudes electorales acentuaron la acumulación de riqueza en pocas manos: hoy, las 10 familias más ricas poseen activos equivalentes al 80% del PIB, mientras el 50% de los contribuyentes más pobres apenas posee el 0.6%.
Esta realidad inmoral e injusta ha sido posible gracias a la legalización de mecanismos corruptos que operó en el pasado Congreso Nacional para trasladar dinero público a manos privadas: 40 decretos de exoneraciones fiscales, 100 contratos ilegales firmados en minutos, centenares de fideicomisos administrando el 25% del Presupuesto Nacional, las alianzas público-privadas concesionando bienes los bienes públicos y el crecimiento irresponsable de la deuda interna y externa en un 300%.
Esta estructura jurídica permitió que la tasa de acumulación de las 10 familias más ricas del país superara la tasa de crecimiento de la economía nacional. Mientras la riqueza de las 10 familias creció a un promedio anual del 10% entre 2018 y 2022, la economía creció apenas a tasas del 3.1% (excluyendo 2020 y 2021), lo que significa que las 10 familias más ricas acumulan riqueza con una mayor velocidad que el crecimiento de la economía.
Durante las últimas tres décadas, estas 10 familias han ampliado su influencia económica haciendo negocios a expensas del Estado, socavando así el potencial productivo del país; en este sentido, la acumulación de riqueza no ha surgido de un espíritu emprendedor, sino más bien de estrategias que instrumentalizan el poder político.
Por otra parte, el poder económico de estas familias se ve reflejado en la monopolización y control de sectores estratégicos como la banca, el sector energético, la comercialización de productos agroindustriales, industrias manufactureras, así como la privatización de minas y aeropuertos, mismos que han ha sido facilitados por fideicomisos, especulación financiera, préstamos al Estado y la mercantilización de servicios públicos.
El uso desmedido y abusivo de exoneraciones fiscales es una de las formas que adquiere este poder económico. El 92 % de las exoneraciones otorgadas en 2023 favorecieron al 10 % de las empresas más ricas, mientras el 90 % restante recibió apenas un 8 %.
También se puede constatar el fracaso de las exoneraciones en el desarrollo geográfico y la redistribución de la riqueza, ya que apenas contribuyen a generar el 6 % del empleo nacional, el cual se concentra en un 85 % en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En 17 de los 18 departamentos, las exoneraciones no logran generar ni el 3 % del empleo.
La Ley de Justicia Tributaria es la medida propuesta por la Presidenta Xiomara Castro para corregir de forma estructural esta realidad, como lo expresó en su discurso del 1 de septiembre de 2023 conmemorando el Día de la Bandera: “No cesaré mi lucha por refundar Honduras contra la clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden aprobar la Ley de Justicia Tributaria, son los mismos que están involucrados en actos de corrupción y saqueos”.
