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Requerimiento fiscal contra siete policías por robo, intimidación, violencia y falsificación de documentos públicos

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL), presentó un nuevo requerimiento fiscal con solicitud de libramiento de orden de captura contra siete oficiales de la Policía Nacional a quienes se les acusa por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Los procesados son Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Catillo Martínez, Luis Gustavo Martínez, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández y Enar Moisés Ramos Ochoa, todos ellos pertenecen a la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Según la relación de hechos investigados, los oficiales llegaron en dos vehículos policiales el pasado 29 de diciembre del 2023, antes de la seis de la mañana, a una casa de habitación en residencial Los Alpes de San Pedro Sula, al bajarse de dos vehículos procedieron a romper el portón que da acceso a la vivienda de la persona ofendida, seguidamente se dirigieron al dormitorio donde estaba una caja fuerte que contenía más de 13 millones de lempiras (L 13,700,000) y 240 tarjetas de débito de diferentes bancos pertenecientes a clientes de una empresa, además se llevaron varios relojes, lociones, joyas y un maletín con 460 mil lempiras.

Todo lo anterior fue realizado sin una orden judicial ni administrativa de ningún fiscal, desconociéndose por el momento a dónde llevaron la caja fuerte y todo lo robado. Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de identificar si hay más personas participantes de estos delitos, para lo cual se trabaja en distintas pericias técnicas y científicas.

El MP reitera al pueblo hondureño, que trabaja en la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que invita a la población a denunciar cualquier delito que afecte a la ciudadanía.

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