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Hugo Maldonado: “Al MP hay que hacerle una cirugía a corazón abierto”

Tegucigalpa.- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, lanzó una serie de críticas demoledoras contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que, según su criterio, atraviesan una crisis de credibilidad terminal. El defensor fue tajante al señalar que la gestión del actual Fiscal General y las direcciones de fiscalías especiales han perdido el rumbo.

Fiscalías “en el olvido” y falta de protagonismo

Maldonado lamentó que dependencias clave hayan dejado de cumplir su rol protector hacia los sectores más vulnerables de la sociedad:

  • Dependencias debilitadas: Mencionó específicamente a las fiscalías de la Niñez, del Medioambiente y de las Etnias, asegurando que ya no muestran la firmeza de antaño.
  • Pérdida de respeto: “El Ministerio Público, en vez de dar respeto, ahora da lástima”, sentenció, cuestionando el silencio de estas oficinas en defensa del orden constitucional.
  • Procesos cuestionables: Recordó de forma irónica el caso de los supuestos “terroristas” que presuntamente atentarían contra Manuel Zelaya, señalando que al final solo eran “hondureños comunes” víctimas de procesos mal manejados.

Llamado al juicio político

Ante lo que calificó como una “vergüenza” institucional, el titular del Codeh urgió a tomar medidas drásticas contra aquellos funcionarios que han abusado de sus cargos:

  1. Sanciones severas: Propuso la aplicación de juicio político para los funcionarios que han tratado a las instituciones del Estado con negligencia.
  2. Crisis judicial: También arremetió contra el Poder Judicial, afirmando que ha dejado de ser una “casa de justicia” para convertirse en un ente cuyas actuaciones “dejan mucho que desear”.
  3. Conocimiento de causa: Maldonado aseguró que sus señalamientos no son al azar, sino que conoce de cerca las falencias estructurales que hoy minan la confianza ciudadana.

Las declaraciones del Codeh surgen en un contexto de alta tensión política, donde el desempeño de los operadores de justicia está bajo la lupa de organismos nacionales e internacionales que exigen una verdadera independencia judicial.

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