Tegucigalpa.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, hizo un llamado enérgico para vigilar estrictamente el respeto al debido proceso en las demandas contra el Estado. Sus declaraciones surgen tras el devastador embargo ejecutado contra la Alcaldía de El Corpus, Choluteca, el cual asciende a más de 80 millones de lempiras, dejando las finanzas municipales en números rojos por al menos los próximos tres años.
Obando subrayó que, aunque el Poder Judicial debe garantizar los derechos de quienes reclaman pagos laborales, también tiene la obligación de evitar decisiones que generen efectos desproporcionados o vulneren el marco legal. La magistrada calificó la situación de El Corpus como una evidencia clara de la necesidad de una gestión responsable y preventiva por parte de los alcaldes y funcionarios públicos.
Un golpe a la gobernabilidad municipal
El embargo a la municipalidad sureña, derivado de demandas laborales que alcanzaron consensos entre las partes, pone en riesgo la prestación de servicios básicos a la población. Para la titular del Poder Judicial, este tipo de consecuencias comprometen directamente la gobernabilidad de los municipios.
“Es fundamental un seguimiento riguroso a los procesos judiciales”, remarcó Ráquel Obando, instando a las autoridades estatales y municipales a no descuidar la defensa técnica de las instituciones para evitar que el erario público siga siendo drenado por errores administrativos o falta de diligencia en los juzgados.
