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Piden que se apliquen mecanismos de justicia universal contra Ortega y Murillo en Nicaragua

Managua, Nicaragua

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) ha emitido un llamado urgente este jueves, instando a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros altos funcionarios, por delitos de “lesa humanidad”.

En una declaración titulada “Seis años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ¡La justicia no debe demorar más!”, con motivo del sexto aniversario del inicio de las protestas contra el Gobierno de Ortega, Raza e Igualdad también llamó a otros Estados a demandar a las autoridades de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por “crímenes de lesa humanidad”.

La ONG abogó además por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, quienes “merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, enfatizó la importancia de actuar con prontitud: “La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces. Entre más tiempo pase, más difícil será reconstruir a la Nicaragua, Nicaragüita”.

Según el balance de Raza e Igualdad, las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han dejado miles de víctimas, incluyendo personas asesinadas, heridas, despojadas de su nacionalidad y derechos ciudadanos, desterradas y privadas de libertad por motivos políticos.

Para Quesada, este año la justicia debe ser una prioridad en las agendas de los Estados aliados del pueblo nicaragüense.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, exacerbada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, lo que ha llevado a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en el país.

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