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Negociar reajuste salarial: Tercera reunión tripartita busca fijar el salario mínimo para 2026

Tegucigalpa.- Este viernes 6 de marzo se llevó a cabo la tercera jornada de negociación de la mesa tripartita para definir el reajuste al salario mínimo en Honduras. Representantes del sector obrero, la empresa privada y el Gobierno como mediador, intentan destrabar un proceso que, aunque inició con retraso, debe tener efectos legales desde el primer día del presente año.

Puntos clave de la negociación

A diferencia de años anteriores, las partes han enfatizado que el proceso actual se centra en un reajuste basado en indicadores económicos específicos:

  • Factores determinantes: La mesa técnica analiza variables críticas como el índice de inflación reportado por el Banco Central de Honduras (BCH), el costo actual de la canasta básica y los niveles de productividad de las empresas.
  • Estatus del sector maquila: Cabe destacar que el sector maquilador es el único que ya cuenta con un incremento vigente para 2026, por lo que la revisión actual se enfoca en el resto de las actividades económicas del país.
  • Retroactividad: Independientemente de la fecha en que se logre el acuerdo, el ajuste salarial tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, lo que obligará a las empresas a pagar la diferencia acumulada a sus trabajadores.

Expectativa por un consenso

La nutrida asistencia de todos los sectores en esta tercera reunión alimenta la esperanza de un acuerdo pronto, evitando que la decisión recaiga exclusivamente en el Ejecutivo:

  • Rol del Gobierno: Aunque actúa principalmente como veedor y facilitador del diálogo, la ley faculta al Gobierno para fijar el monto del salario mínimo de manera unilateral si no se logra un consenso entre empresarios y obreros.
  • Urgencia nacional: Con la llegada del mes de marzo, la masa trabajadora presiona por una resolución rápida que permita paliar el incremento en el costo de vida experimentado en los últimos meses.

El sector obrero mantiene su postura de lograr un ajuste que compense la pérdida del poder adquisitivo, mientras que los empresarios abogan por cifras que no comprometan la sostenibilidad de las medianas y pequeñas empresas.

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