Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios y el representante legal de una empresa de transporte, a quienes se les acusa de fraude y otros delitos relacionados con la contratación irregular para el traslado de material electoral.
Según la investigación, esta acción habría causado un perjuicio económico al Estado de L. 64,789,021.78 y puesto en riesgo el desarrollo del proceso electoral del pasado 9 de marzo.
Acusaciones y responsables
Entre los acusados se encuentra Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora.
A todos ellos se les supone responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además, también se acusa a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa beneficiada, Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., por suponerlo responsable del delito de fraude.
Irregularidades en la contratación
Las investigaciones del MP revelan que la Comisión Evaluadora del CNE recomendó la contratación de una empresa que no contaba con una flota vehicular registrada ni con la capacidad técnica para cumplir con el traslado seguro del material electoral.
Pese a ello, el 7 de marzo de 2025, dos días antes de las elecciones, se firmó un contrato con Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. por un monto que excedía en más de 21 millones el presupuesto asignado.
Adicionalmente, se constató que la empresa no cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
Sin embargo, la Comisión Evaluadora no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes, lo que sugiere una posible colusión entre los funcionarios y la empresa contratada.
Uso irregular de vehículos de transporte de pasajeros
Otro hallazgo de la investigación señala que se utilizaron autobuses para el traslado del material electoral, pese a que este tipo de vehículos no estaba contemplado en los términos de referencia del contrato.
Además, en el informe de la Comisión Evaluadora se afirmó que se había realizado una inspección física y mecánica de los vehículos, garantizando su disponibilidad inmediata.
No obstante, registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP) indican que la empresa solo contaba con diez cabezales y dos camiones, lo que desmiente dicha verificación.
