
Tegucigalpa.- En un hecho sin precedentes para el sistema sanitario del país, este miércoles comenzó el primer ciclo de intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas financiadas por el Gobierno de la República. Esta estrategia busca dar una respuesta inmediata a los miles de hondureños que han permanecido en lista de espera durante años debido a la saturación del sector público.
Primeras intervenciones en el Hospital San Jorge
Las jornadas médicas iniciaron desde las 6:00 a. m. en el Hospital San Jorge de la capital, donde se priorizaron patologías de alta demanda:
- Enfoque en salud biliar: Las primeras cirugías realizadas fueron colecistectomías videolaparoscópicas (extracción de vesícula), un procedimiento que permite una recuperación rápida del paciente.
- Supervisión directa: El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, supervisó personalmente los quirófanos para garantizar que los estándares de calidad y el trato hacia los pacientes del sistema público sean idénticos a los de un paciente privado.
- Reducción de tiempos: Las autoridades destacaron casos de pacientes que llevaban hasta 14 meses esperando una cirugía que, mediante esta modalidad, se resuelve en menos de un día.

Política pública y acceso universal
El plan de choque contra la mora quirúrgica forma parte de una política de “acceso universal” impulsada por la actual administración:
- Uso de impuestos: El viceministro Midence subrayó que estas cirugías son posibles gracias a que “nuestros impuestos están trabajando” para cambiar el histórico “no hay” por un “sí hay”.
- Expansión del programa: Además de Tegucigalpa, se están estableciendo convenios similares para beneficiar a pacientes en las zonas sur y oriente del país, asegurando que nadie se quede atrás.
- Fortalecimiento paralelo: Mientras se utiliza la red privada para las emergencias actuales, el Gobierno continúa con la remodelación de quirófanos en el Hospital Escuela y el Hospital Mario Catarino Rivas para recuperar la capacidad instalada del Estado.
Este convenio con el sector privado representa un alivio directo para las familias hondureñas que no cuentan con los recursos para costear cirugías de alta especialidad, garantizando el derecho a la salud de forma digna y oportuna.



