El dirigente y coordinador de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, enfrentará en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra por los presuntos delitos de coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que durante la audiencia de declaración de imputado un juez determinó imponerle medidas distintas a la detención, por lo que el dirigente no permanecerá privado de libertad mientras continúa el proceso.
Castillo explicó que la audiencia terminó este martes y que la audiencia inicial quedó programada para el próximo 28 de septiembre, según la información proporcionada por el Poder Judicial.
¿De qué acusan a Melvin Cevallos?
De acuerdo con los señalamientos expuestos por el Ministerio Público, Cevallos es investigado por hechos relacionados con el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales de 2025.
Según la acusación fiscal, el dirigente habría encabezado movilizaciones durante el proceso de recepción de ofertas para la contratación del TREP, acciones que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían obstaculizado el procedimiento.
La portavoz judicial explicó que estos hechos son parte de los argumentos que sustentan la acusación presentada contra Cevallos.
Estos señalamientos corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser analizados durante las diferentes etapas del proceso judicial.
Captura ocurrió en Tegucigalpa
La captura de Cevallos se registró en horas de la mañana del martes en el barrio El Bosque de Tegucigalpa, luego de una orden ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El Ministerio Público confirmó la detención y señaló al dirigente como presunto responsable de los delitos de coacción y amenaza electoral en perjuicio de la Constitución de la República.
Posteriormente, Cevallos fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para continuar con el procedimiento legal. La captura, por sí misma, no determina responsabilidad penal, la cual deberá establecerse mediante el proceso judicial.
