Tegucigalpa. El panorama electoral en Honduras parecía estable, pero los eventos del 9 de marzo dejaron entrever fisuras en el sistema, advirtió la socióloga Julieta Castellanos en su más reciente análisis sobre el proceso democrático del país.
Según Castellanos, aunque la jornada electoral se llevó a cabo sin una interrupción total, los problemas logísticos y las irregularidades detectadas generan sospechas sobre posibles intentos de sabotaje.
Desde la madrugada, diversos centros de votación reportaron la falta de material electoral, lo que provocó retrasos y descontento entre los votantes. Posteriormente, se identificaron autobuses con cajas de material electoral detenidos por varias horas en zonas como la colonia El Hogar y Miraflores, sin resguardo de seguridad. Este incidente ha sido interpretado por algunos sectores como una maniobra para entorpecer el desarrollo del proceso.
El comportamiento del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), también generó interrogantes. A pesar de estar al tanto de la situación, su reacción fue tardía y limitada. En contraste, las principales fuerzas políticas ya comenzaban a proyectar sus posibles victorias.
En Libre, Rixi Moncada lideraba cómodamente, mientras que en el Partido Nacional, Ana García se perfilaba como la principal figura. En el Partido Liberal, Salvador Nasralla encabezaba las encuestas, aunque se mantenía la incertidumbre sobre el nivel de movilización de su base electoral en estas primarias.
Los resultados finales mostraron datos reveladores. Libre afirmó haber experimentado un crecimiento del 52 %, pero en términos reales, el incremento fue de apenas 103,662 votos en comparación con 2021. Además, en departamentos clave como Francisco Morazán y Cortés, el bipartidismo tradicional superó con creces al partido oficialista. En Francisco Morazán, los candidatos Kilvet Bertrand y Alberto Avilés (ambos del Partido Nacional) obtuvieron más votos que Hugo Noé Pino, el aspirante mejor posicionado de Libre. En Cortés, Luis Redondo no logró alcanzar las cifras obtenidas por Armando Bardales (PL).
Estos resultados pusieron en evidencia que el avance de Libre no fue tan sólido como se pretendió mostrar. Dentro del partido, las reacciones fueron diversas: algunos sectores consideraban los números predecibles, mientras que otros los percibieron como un revés político. En respuesta, las redes sociales se inundaron de descalificaciones y acusaciones, en lugar de un análisis sereno de los hechos.
La incertidumbre sobre una posible alteración del proceso electoral persiste. Existen hipótesis que sugieren que ciertos sectores buscan judicializar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando irregularidades en la jornada. Otras versiones apuntan al Ministerio Público, que al negarse a enviar fiscales para supervisar el escrutinio, podría estar allanando el camino para declarar fallida la elección y extender el período electoral por dos años, abriendo así la posibilidad de una reelección de Manuel Zelaya Rosales, expresidente y actual asesor presidencial.
En un escenario político marcado por acuerdos de última hora y estrategias ocultas, cualquier teoría parece plausible. No obstante, lo que resulta innegable es la necesidad urgente de reformas electorales que fortalezcan la democracia en Honduras. Si la ciudadanía no exige cambios, los políticos no lo harán por cuenta propia. Es momento de actuar, concluye Castellanos en su análisis.
