El abogado y doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño y advirtió sobre los desafíos que persisten para garantizar una verdadera independencia judicial.
Durante su participación en el podcast “2 que 3”, conducido por el periodista Dennis Andino, Mejía sostuvo que Honduras ha registrado algunos avances en materia judicial, pero consideró que estos todavía resultan insuficientes frente a los problemas estructurales que enfrenta el país.
Mejía, quien se ha desempeñado durante más de dos décadas como investigador y litigante en materia de derechos humanos, explicó que su experiencia lo ha llevado a presentar casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mejía reconoce avances, pero considera insuficiente la independencia judicial
Al analizar el panorama actual de la justicia hondureña, el abogado señaló que la elección más reciente de la Corte Suprema de Justicia representó un avance, de acuerdo con las valoraciones realizadas por misiones internacionales de observación.
Sin embargo, sostuvo que ese paso no ha sido suficiente para superar los grandes desafíos que históricamente ha enfrentado el sistema judicial del país.
En ese contexto, Mejía planteó una crítica más profunda al funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.
“Nunca hemos tenido un poder judicial independiente que actúe como tal”, afirmó al explicar su visión sobre la historia del sistema judicial hondureño.
¿Qué entiende Mejía por un “servicio judicial”?
El especialista explicó que, en lugar de un poder judicial plenamente independiente, Honduras habría funcionado durante buena parte de su historia bajo una lógica que calificó como un “servicio judicial”.
Según su planteamiento, el acceso a una justicia efectiva puede verse condicionado por factores económicos, políticos o por las relaciones de poder de quienes recurren a los tribunales.
Mejía vinculó esta situación con lo que denominó una “justicia selectiva”, concepto que, según recordó, también fue utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al referirse a Honduras.
Señala una justicia que no actúa de la misma manera en todos los casos
El abogado sostuvo que uno de los principales problemas radica en que el sistema puede actuar de manera tardía frente a determinados casos relacionados con derechos humanos, corrupción, impunidad o narcotráfico, mientras que puede resultar más efectivo cuando están involucradas personas vinculadas con sectores de poder.
Como ejemplo, mencionó el caso de miembros de la comunidad garífuna de San Juan que, según explicó, reclaman el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mejía cuestionó que, mientras existe una obligación estatal de cumplir las sentencias internacionales, miembros de esa comunidad enfrentan procesos judiciales.
También se refirió al caso de Juan Orlando Hernández
Durante la conversación, Mejía contrastó esta situación con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente recibió un indulto.
El abogado enfatizó que, desde su interpretación, un indulto no significa que desaparezca el delito por el cual una persona fue condenada, sino que afecta la sanción.
También cuestionó que el sistema de justicia hondureño no haya abordado, según su planteamiento, posibles daños relacionados con actividades de narcotráfico en territorio nacional.
Mejía aclaró, además, que no pretendía entrar en las interioridades de los procesos judiciales recientes porque no conoce todos sus elementos, pero consideró que los casos expuestos reflejan una diferencia en la forma en que opera la justicia.
“En Honduras vivimos en una ficción”, sostiene
Uno de los señalamientos más contundentes de la entrevista llegó cuando Mejía explicó su percepción sobre la confianza que existe en el sistema judicial.
El abogado afirmó que quienes litigan en Honduras presentan sus demandas bajo la premisa de que los jueces y tribunales actúan de manera independiente e imparcial, pero que existe una profunda desconfianza sobre esa independencia.
“En Honduras vivimos en una ficción”, expresó al describir esta situación.
Según Mejía, esta percepción también afecta a los propios abogados, quienes continúan utilizando los mecanismos judiciales pese a considerar que, particularmente en casos de alto impacto, factores políticos pueden influir en las decisiones.
Cuestiona influencia política en casos de alto impacto
El especialista sostuvo que esta problemática adquiere mayor relevancia cuando los procesos involucran a funcionarios, exfuncionarios, diputados o figuras políticas.
En su opinión, uno de los puntos centrales del problema está en la forma en que se eligen los integrantes del Poder Judicial.
Mejía argumentó que, aunque existe una Junta Nominadora encargada de presentar candidatos con determinadas calificaciones, la decisión final sobre quiénes llegan a ocupar las magistraturas continúa teniendo un componente político.
Propone cambiar la forma de elegir a los magistrados
Para el abogado, Honduras debería revisar la “matriz de elección” del Poder Judicial con el objetivo de reducir la influencia de las negociaciones políticas.
Explicó que, a su juicio, las negociaciones entre los partidos terminan distribuyendo cuotas de poder y pueden generar vínculos que posteriormente afectan la independencia de las decisiones judiciales.
Por ello, consideró necesario modificar el mecanismo para que la elección de magistrados responda en mayor medida a criterios técnicos y de independencia.
Mejía habla de un “cogobierno” entre partidos
Al analizar la actual composición de la Corte Suprema de Justicia, Mejía también cuestionó las narrativas partidarias sobre quién tiene el control del máximo tribunal.
Según explicó, la integración de la Corte está distribuida entre representantes vinculados a las principales fuerzas políticas y sostuvo que actualmente existe lo que calificó como un “cogobierno” entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, al considerar que ambos mantienen una mayoría.
No obstante, también reconoció que el mecanismo hondureño de Junta Nominadora constituye un elemento positivo dentro del proceso de selección.
Una advertencia sobre la confianza ciudadana
La preocupación central planteada por Mejía durante la entrevista no se limita a las decisiones de determinados tribunales, sino que apunta al impacto que la percepción de falta de independencia puede tener sobre la confianza de la ciudadanía.
Para el abogado, cuando existe la idea de que las decisiones judiciales pueden estar condicionadas por factores políticos o económicos, se debilita la credibilidad de todo el sistema.
Aun así, Mejía insistió en que Honduras ha experimentado avances y que la situación actual no puede compararse directamente con décadas anteriores. Su cuestionamiento, aclaró, parte de considerar que esos avances todavía no alcanzan para responder a los desafíos que enfrenta el país.
