Tegucigalpa.- Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora, denunció este jueves el presunto uso irregular de 175 millones de lempiras provenientes del Inprema, Injupemp y la Secretaría de Planificación Estratégica. Según la denuncia, estos fondos públicos habrían sido triangulados para el pago de médicos, profesores y asesores de nacionalidades cubana, venezolana y argentina durante la administración anterior.
Mecanismo de pago y tercerización
La irregularidad señalada no se centra en la contratación en sí, sino en el método utilizado para canalizar los recursos y la falta de transparencia en la ejecución directa por parte del Estado:
- Convenio con la OEI: El gobierno habría firmado un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para transferir los 175 millones de lempiras anuales, utilizándola como intermediaria para realizar los pagos.
- Cuestionamiento técnico: Núñez cuestionó la necesidad de esta tercerización, argumentando que el Estado hondureño cuenta con la capacidad para realizar convenios directos con la Secretaría de Salud o contratar personal de forma inmediata sin recurrir a organismos externos.
- Vigencia del acuerdo: Se informó que este convenio se firmó originalmente en 2022 y se ratificaba anualmente, comprometiendo recursos sensibles destinados originalmente a la previsión social y jubilaciones.
Reacciones y señalamientos de la oposición
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, calificó el hallazgo como una “seria violación de la institucionalidad” y cuestionó el marco normativo bajo el cual se autorizaron estos traslados de fondos:
- Funciones sensibles: Mejía señaló que la contratación de asesores extranjeros con recursos públicos para funciones estratégicas dentro del Estado atenta contra la soberanía nacional que el mismo gobierno decía defender.
- Falta de claridad: La funcionaria instó a investigar el propósito real de estas asesorías y bajo qué criterios profesionales se seleccionó al personal cubano, venezolano y argentino.
- Responsabilidad administrativa: Advirtió que no se puede normalizar el uso de fondos de pensiones y jubilaciones para cubrir salarios de personal extranjero en áreas que podrían ser atendidas por profesionales hondureños.
Acciones legales ante el TSC
La Comisión Liquidadora anunció que el expediente completo será remitido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la próxima semana para que se inicie una auditoría forense:
- Rendición de cuentas: Se espera que la OEI acredite detalladamente en qué se gastó el dinero, cuántos médicos y profesores fueron contratados y cuál era el salario exacto percibido por cada uno.
- Pliegos de responsabilidad: El TSC será el encargado de calificar si existe responsabilidad civil o administrativa contra los exfuncionarios que autorizaron el uso de estos dineros que debían liquidarse ante el mismo Estado.
