Honduras – A pocas horas de conocerse si Estados Unidos renovará o cancelará el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, miles de compatriotas que residen en ese país viven momentos de incertidumbre.
El beneficio migratorio, vigente desde 1999 tras el paso del huracán Mitch, está programado para expirar el próximo 5 de julio, aunque se espera que la administración de Donald Trump emita una decisión oficial este lunes 5 de mayo.
Expectativa oficial desde Honduras
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, expresó que el gobierno hondureño mantiene expectativas positivas respecto a una posible extensión del beneficio.
“Tenemos buenas expectativas sobre esta temática de la renovación del Estatus de Protección Temporal para los más de 55 mil hondureños en Estados Unidos”, declaró Paz en conferencia de prensa.
Una comunidad entre la esperanza y la ansiedad
Mientras tanto, los beneficiarios del TPS y sus familias en Estados Unidos enfrentan una tensa espera. Aunque muchos ya han renovado sus permisos de trabajo algunos válidos hasta 2027
temen que una eventual cancelación los exponga a la irregularidad migratoria.
“De cancelarse el TPS, estos hondureños deben buscar una alternativa para estatus legal o permanencia en el territorio estadounidense”, advirtió un beneficiario.
Organizaciones refuerzan presión para renovar el programa
La comunidad migrante hondureña ha intensificado sus acciones de incidencia para asegurar la continuidad del TPS.
Organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre han liderado marchas, campañas de concienciación y acercamientos con legisladores estadounidenses, argumentando que los hondureños amparados por el programa han contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social de EE. UU.
Impacto humano de una posible cancelación
El TPS ha sido un salvavidas para miles de hondureños que, tras más de dos décadas en suelo estadounidense, han formado familias, obtenido empleo y se han integrado en sus comunidades.
Su eventual cancelación afectaría no solo a los beneficiarios directos, sino también a sus hijos nacidos en EE. UU., quienes son ciudadanos estadounidenses y dependen de la estabilidad migratoria de sus padres.
