Tegucigalpa, Honduras – La decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños ha generado una oleada de reacciones este lunes 7 de julio, tanto desde el Gobierno de Honduras como de parte de la oposición política.
La medida, que fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), entrará en vigor dentro de 60 días, lo que dejaría en situación de vulnerabilidad migratoria a más de 55,000 hondureños que han vivido protegidos desde 1999, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch.
El Gobierno lamenta la decisión, pero destaca avances
El canciller hondureño, Javier Bu Soto, expresó que el Gobierno lamenta profundamente la determinación estadounidense, aunque subrayó que esta se basa en argumentos que reflejan avances estructurales en el país.
“Lamentamos la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras”, declaró.
Según el DHS, el TPS ya no se justifica porque el país ha experimentado mejoras sustanciales desde la catástrofe de 1998. Entre los indicadores citados están:
- 95.7% de la población con acceso a agua potable
- 83.8% con saneamiento básico
- 93.2% con servicio eléctrico
- $1,800 millones en inversión extranjera directa entre 2023 y 2024
- Avances en infraestructura urbana
- 18 municipios con planes de gestión de riesgos
- Mejora de la habitabilidad en 38 ciudades, beneficiando a 1.3 millones de personas
El canciller afirmó que el Gobierno continuará velando por los derechos de los compatriotas en el exterior y abogando por una solución migratoria permanente que reconozca su aporte a la economía y sociedad estadounidense.
Oposición culpa al Gobierno por el deterioro de relaciones
Desde el Partido Nacional, el jefe de bancada Tomás Zambrano calificó la medida como “una injusticia” y responsabilizó al Gobierno actual por su supuesta pasividad y mala relación con Washington.
“El gobierno de Libre guarda silencio ante la cancelación del TPS, mientras miles de compatriotas enfrentan la incertidumbre y el riesgo de ser deportados”, criticó.
“En lugar de defender a su gente, se alinean con gobiernos socialistas que confrontan a EE. UU., alejándose de nuestros aliados históricos”.
Por su parte, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, fue aún más dura con sus declaraciones, al vincular directamente la cancelación del TPS con la política exterior del Gobierno hondureño.
“Es un fuerte golpe que reciben más de 50,000 familias hondureñas… y es producto de las acciones de este Gobierno, que se dedicó a insultar a EE. UU. y a coquetear con China, Rusia, Cuba y Venezuela”, dijo Espinoza.
“¿Qué harán ahora estos hondureños? ¿Irse a trabajar a China o Rusia? Viene más pobreza para Honduras”.
¿Qué sigue para los beneficiarios?
Con la cancelación del TPS, miles de hondureños que han vivido legalmente en EE. UU. durante más de dos décadas podrían enfrentar la deportación o verse obligados a buscar otras vías legales para permanecer en el país.
Organizaciones migrantes en Estados Unidos y defensores de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Congreso de EE. UU. para aprobar una solución legislativa permanente, que permita a los beneficiarios del TPS obtener residencia legal.
Mientras tanto, el Gobierno hondureño anunció que mantendrá su acompañamiento consular y legal a los connacionales afectados.
