Ciudad de Guatemala, Guatemala
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, presentó una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusándola de “incumplimiento de deberes”.
La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia afirman que Porras Argueta violó la ley al rehusarse a reunirse con el presidente en una junta de gabinete el pasado 29 de enero, donde se buscaba coordinar políticas conjuntas.
La fiscal general ha sido objeto de críticas internacionales por presuntamente intentar obstaculizar la investidura de Arévalo de León, tras su victoria electoral en agosto de 2023. El procurador general de la nación, Julio Saavedra, sostiene que la conducta de Porras Argueta constituye un “incumplimiento de deberes” al negarse a asistir a las juntas de gabinete convocadas por el presidente.
Saavedra afirmó ante los medios que “la fiscal incumplió sus funciones”, y por instrucciones del presidente, se ha presentado una solicitud de antejuicio. Porras Argueta, si bien se presentó a la reunión del 29 de enero, se retiró antes de comenzar, alegando que no era la forma legal de llevar a cabo una reunión con el presidente, y posteriormente lo invitó a encontrarse en las instalaciones del Ministerio Público.
El Gobierno de Arévalo de León busca que los tribunales nombren un fiscal especial para investigar las posibles implicaciones de la actitud de Porras Argueta. El Ministerio de Gobernación ha mantenido reuniones recientes con la fiscal para coordinar acciones en materia de seguridad.
La presión sobre el Gobierno se ha intensificado, ya que diversos sectores exigen acciones para lograr la dimisión de la fiscal general. Además, tanto Porras Argueta como la cúpula del Ministerio Público enfrentan sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que consideran que sus acciones contra la victoria electoral atentan contra la democracia en el país centroamericano.
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