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Francisco Bocanegra presenta 41 casos de corrupción en el IP ante el Ministerio Público

El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó este lunes ante el Ministerio Público (MP) un total de 41 líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro de la institución, que incluyen falsificación de documentos, manipulación de herencias y alteración de registros catastrales.

Según Bocanegra, entre los señalados figuran exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, incluyendo al exministro Ebal Díaz, actualmente prófugo en Nicaragua, y al diputado Jorge Cálix, mencionados dentro de las investigaciones.

“Son 41 líneas de investigación que hemos detectado y de las cuales ya hemos emitido resoluciones. Estos casos abarcan desde alteraciones de viáticos hasta falsificación de sellos, firmas e instrumentos públicos”, explicó el funcionario.

Casos que afectan el derecho a la propiedad

Bocanegra detalló que las irregularidades se extienden desde 2019 hasta los primeros meses de 2022, e involucran a empleados del IP y a notarios públicos que habrían manipulado certificaciones de herencias y claves catastrales, afectando el derecho de propiedad de varios hondureños.

“El derecho a la propiedad es sagrado, y estos actos lo han vulnerado gravemente. No vamos a tolerar más corrupción dentro del Instituto de la Propiedad”, afirmó Bocanegra, quien consideró la entrega de estos expedientes como “un precedente para frenar la impunidad”.

Esperan requerimientos fiscales

El secretario exhortó al Ministerio Público a dar trámite inmediato a los expedientes y proceder con la emisión de los requerimientos fiscales correspondientes contra los involucrados.

“Confiamos en que el MP actuará conforme a derecho para llevar a los tribunales a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y administrativas que correspondan”, manifestó Bocanegra.

De confirmarse las denuncias, estos casos representarían una de las mayores investigaciones internas dentro del Instituto de la Propiedad en los últimos años, con implicaciones que alcanzan a varias administraciones pasadas.

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