Tegucigalpa.- Las repercusiones institucionales continúan sacudiendo el sistema de justicia en el país, luego de que las autoridades superiores del Ministerio Público decidieran separar de sus cargos a los funcionarios que lideraron la acusación por presunto lavado de activos en contra del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón.
La medida administrativa se materializó pocos días después de que un tribunal de sentencia con competencia nacional dictara un fallo absolutorio a favor del procesado y ordenara la revocatoria de su prisión preventiva, generando intensos debates en los círculos legales sobre la solidez de las pruebas aportadas.
Según la información oficial divulgada, los acuerdos de separación alcanzaron a los encargados directos de sostener la acción penal y el análisis financiero durante las etapas del juicio oral y público, en medio de cuestionamientos sobre deficiencias técnicas en el manejo de la pericia contable.
Diversos sectores de la sociedad civil y analistas jurídicos han manifestado posturas encontradas respecto a la decisión de la fiscalía general, interpretando el cese de los operadores de justicia como una respuesta directa a los resultados adversos obtenidos en los tribunales en este emblemático caso.
