El Salvador – El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la deportación de 17 personas acusadas de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13.
Esta medida se suma a la realizada el pasado 15 de marzo, cuando más de 200 venezolanos fueron expulsados y enviados a El Salvador bajo la misma justificación.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado en el que se destacó la operación como una acción coordinada con las autoridades salvadoreñas.
“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores”, expresó Rubio, sin detallar los nombres o el procedimiento exacto de la deportación.
Cooperación con el gobierno de Nayib Bukele
En el comunicado, el funcionario estadounidense agradeció la colaboración del presidente Nayib Bukele y del Gobierno salvadoreño en la lucha contra el crimen transnacional.
“Una vez más, expresamos nuestra gratitud al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su inigualable colaboración para garantizar la seguridad de nuestros países contra el crimen transnacional y el terrorismo”, concluyó Rubio.
El Salvador, que mantiene una estricta política de seguridad bajo el mandato de Bukele, recibió en marzo a los más de 200 venezolanos expulsados por EE.UU., quienes fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las prisiones de máxima seguridad del país.
La ley de Enemigos Extranjeros y su controversia legal
La deportación de estas personas se enmarca en la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite la expulsión de extranjeros sin un juicio previo.
El expresidente Donald Trump la invocó el 15 de marzo para justificar la deportación de presuntos integrantes de TdA, alegando que esta banda criminal venezolana está “invadiendo” Estados Unidos. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por diversos expertos en seguridad y migración.
El mismo día de su activación, un juez federal bloqueó la implementación de la ley, pero el Gobierno estadounidense procedió con la deportación de los 200 venezolanos.
Posteriormente, un tribunal de apelaciones mantuvo el bloqueo, lo que llevó a la administración Trump a solicitar la intervención del Tribunal Supremo para permitir la aplicación de la norma.
La controversia legal en torno a la ley de Enemigos Extranjeros ha generado un fuerte debate en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes, ya que Trump ha insistido en la destitución de jueces que han bloqueado sus iniciativas migratorias.
