Tegucigalpa.- El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, arremetió contra el proceso de juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional, calificándolo como una “intrascendencia” legal. Según el parlamentario, el procedimiento carece de legitimidad debido a que, a su criterio, la decisión de separar a los funcionarios electorales de sus cargos ya ha sido pactada de antemano por las fuerzas de oposición.
Cuestionamientos a la narrativa opositora
Sarmiento sostuvo que el proceso es una herramienta política utilizada por el Partido Nacional y un sector del Partido Liberal para alterar la composición de los entes electorales:
- Sustitución de cuadros: El diputado denunció que el objetivo real no es la justicia, sino “quitar a los funcionarios de Libre para poner a los de ellos”, lo que calificó como un debilitamiento directo a las instituciones democráticas del país.
- Sobre las testigos del CNE: Respecto a la comparecencia de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, Sarmiento fue tajante al señalar que su participación no cambiará el rumbo del dictamen. “Vengan o no vengan, van a ser suspendidos”, afirmó, sugiriendo que los testimonios solo sirven para alimentar una narrativa que justifique las destituciones.
- Persecución política: Para el congresista, estas acciones representan una “justicia selectiva” que busca silenciar al oficialismo y apartar a sus representantes mediante mecanismos legislativos viciados.
Rechazo popular y crisis institucional
El parlamentario también hizo referencia al impacto de estas decisiones en la opinión pública y el panorama político actual:
- Desaprobación ciudadana: Sarmiento citó cifras indicando que apenas el 18% de la población aprueba los juicios políticos, mientras que un 58% los desaprueba, argumentando que estos procesos no resuelven los problemas reales de los hondureños.
- Funcionarios bajo la lupa: El proceso actual afecta a Mario Morazán, Marlon Ochoa, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, quienes se suman a la lista de funcionarios sometidos a este procedimiento tras la separación del fiscal general Johel Zelaya.
- Debilitamiento democrático: Finalizó advirtiendo que esta dinámica de “sacar representantes para poner afines” no fortalece la democracia, sino que profundiza la crisis de confianza en el sistema de justicia del país.
Con este último intercambio de posturas, el clima en el Congreso Nacional alcanza niveles de tensión máxima, evidenciando una fractura profunda entre las fuerzas políticas que se disputan el control de los entes electorales.
