Honduras – La concesionaria COVI Honduras ha presentado una solicitud para incrementar significativamente las tarifas de peaje en la carretera CA-5, medida que podría implementarse a partir del 2025, según informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda.
El ajuste, argumentado por la concesionaria, busca cubrir una deuda acumulada de 7 millones de dólares que el gobierno mantiene con la empresa.
“Estamos trabajando en el pago de la deuda y negociando para evitar el aumento, pero la solicitud está planteada y es parte del contrato vigente”, afirmó Pineda.
Incrementos propuestos
El aumento afectaría a todas las categorías de vehículos que transitan por la CA-5. Entre los cambios contemplados, los vehículos livianos enfrentarían un incremento de 22 a 29 lempiras, un alza de 7 lempiras. En cuanto a los vehículos pesados, los aumentos serían más significativos:
- Categoría 2: de 90 a 117 lempiras (+27 lempiras).
- Categoría 3: de 134 a 175 lempiras (+41 lempiras).
- Categoría 4: de 179 a 233 lempiras (+54 lempiras).
- Categoría 5: de 224 a 291 lempiras (+67 lempiras).
- Categoría 6: de 269 a 350 lempiras (+81 lempiras).
En promedio, los incrementos representarían un alza del 30%, de acuerdo con estimaciones iniciales.
Reacciones de los usuarios
El anuncio ha generado preocupación entre los conductores, quienes califican el ajuste como una medida que agravará la economía familiar y de los sectores productivos.
“Esto es un duro golpe, especialmente para los que usamos esta carretera a diario. El peaje ya era caro, y ahora será inalcanzable”, expresó un transportista.
El malestar ciudadano también está vinculado a promesas de campaña realizadas por el actual gobierno, que incluían la eliminación de los peajes en la CA-5. La posibilidad de un incremento contradice esas expectativas y ha generado críticas hacia la gestión gubernamental.
Negociaciones en curso
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) aseguró que continúa buscando una solución para evitar el ajuste en las tarifas. Sin embargo, Pineda reconoció que la deuda con COVI complica las negociaciones: “Estamos comprometidos a pagar lo adeudado para que no haya necesidad de un aumento, pero el panorama no es sencillo”.
De no llegar a un acuerdo, las nuevas tarifas entrarían en vigor el próximo año, incrementando la presión sobre los usuarios y elevando las tensiones entre el gobierno y la ciudadanía.
