Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dictar la medida de presentación voluntaria ante el juez competente para las cuatro personas que han sido señaladas por el delito de “Terrorismo” en perjuicio del expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales. La resolución marca el inicio de un proceso judicial que busca esclarecer los hechos bajo el respeto de las garantías constitucionales.
Medidas cautelares y control judicial
El juez a cargo del caso determinó que los imputados pueden defenderse en libertad, pero sujetos a restricciones específicas para asegurar su comparecencia:
- Firma mensual: Los señalados tienen la obligación de presentarse una vez al mes a firmar el libro de asistencia en los juzgados de la República.
- Presunción de inocencia: El Poder Judicial enfatizó que a los procesados se les garantiza el derecho constitucional de presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario en un juicio oral y público.
- Presentación voluntaria: La medida permite que los acusados se sometan a la justicia sin necesidad de una orden de captura previa, facilitando el flujo del debido proceso.
Argumentos de la defensa
El equipo legal de los imputados sostiene que las acusaciones carecen de sustento probatorio suficiente para tipificar el delito de terrorismo:
- Falta de pruebas: El apoderado legal de uno de los procesados destacó que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha podido acreditar de forma fehaciente la comisión del delito contra el exmandatario.
- Debido proceso: La defensa técnica asegura que se mantendrán vigilantes para que se respeten los derechos humanos de sus representados durante todas las etapas de la investigación.
- Naturaleza del delito: Existe un debate jurídico sobre si los actos señalados encajan en la tipificación penal de terrorismo o si se trata de otro tipo de incidentes que no conllevan esa gravedad.
Impacto en el entorno político
El caso ha generado atención mediática debido a la figura del agraviado y la gravedad de los cargos presentados. La CSJ ha reiterado que actuará conforme a la ley, garantizando la imparcialidad y evitando la politización de la justicia penal en este proceso de alto impacto.
