Tegucigalpa.- Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) confirman de manera oficial que el coronel de infantería Juan Carlos Osorto Castillo ha quedado suspendido de sus funciones administrativas al frente de la Penitenciaría Nacional de Támara. La determinación institucional surge a raíz de una investigación interna en curso activada por presuntas anomalías financieras y un desfalco millonario reportado durante su gestión operativa como director del principal centro carcelario del país.
El portavoz y director de comunicaciones estratégicas de la institución castrense, coronel Héctor Fajardo, explicó ante los medios de comunicación que ya se ha conformado una junta investigadora administrativa especializada. Este órgano técnico se encargará de auditar minuciosamente cada una de las decisiones, firmas de contratos y movimientos presupuestarios ejecutados por el oficial señalado para remitir un informe final de conclusiones.
Situación legal del oficial y aplicación de reglamentos militares
La comandancia general de las Fuerzas Armadas aplicó los protocolos internos contemplados en la legislación militar vigente para garantizar la transparencia del proceso:
- Figura de disponibilidad: El coronel Osorto Castillo fue colocado formalmente bajo la figura jurídica militar de “disponibilidad”, lo que significa que queda despojado de su cargo y no tiene ningún puesto asignado mientras dure el proceso indagatorio.
- Origen de la auditoría: La investigación administrativa se fundamenta en un informe oficial y técnico remitido de forma directa por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
- Garantía de debido proceso: El vocero militar enfatizó que no se profundizará en los detalles específicos de los hallazgos preliminares para evitar cualquier tipo de interferencia o vicio en el curso legal de las indagaciones.
- Tipos de sanciones: De confirmarse las irregularidades, el oficial se enfrenta a severos castigos tipificados en los reglamentos que resguardan la moral y el honor militar dentro de la escala de mando.
Posible traslado del caso a instancias judiciales del Estado
Fajardo fue enfático al advertir que la institución armada no apañará ningún acto de corrupción o abuso de autoridad en sus filas. Si las conclusiones finales de la junta auditora arrojan indicios de responsabilidad penal o civil que sobrepasen el ámbito estrictamente disciplinario de las leyes castrenses, el expediente completo será trasladado de inmediato a las instancias judiciales correspondientes.
Esto implicaría la intervención directa de los agentes de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público, a fin de deducir las responsabilidades legales aplicables en los tribunales ordinarios de la República.
