Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras se encuentra en un proceso clave de negociación política para definir a los sustitutos de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall. Tras los recientes impases institucionales, denuncias de persecución política y la apertura de investigaciones que han sacudido al órgano electoral, las diferentes bancadas legislativas buscan contrarrestar el riesgo que pesa sobre el calendario electoral mediante el nombramiento de nuevos miembros propietarios.
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que se mantienen conversaciones avanzadas para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan destrabar la crisis en el Legislativo.
Negociaciones y el alcance de los acuerdos
El proceso de selección de las nuevas autoridades electorales avanza bajo un estricto cabildeo político debido a las exigencias legales del Parlamento:
- Mayoría Calificada: Para hacer efectivos los nombramientos de los nuevos consejeros propietarios, el Congreso Nacional requiere el voto de al menos 86 diputados, lo que obliga a las principales fuerzas políticas (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) a unificar criterios.
- Postura de la Oposición: Tomás Zambrano enfatizó que cualquier acuerdo debe garantizar el equilibrio de fuerzas y el respeto a la normativa interna del CNE, evitando que un solo partido político pretenda instrumentalizar o boicotear los procesos electorales.
- Estatus de las vacantes: De acuerdo con la Ley Electoral, las ausencias definitivas de los consejeros propietarios no pueden ser asumidas de forma permanente por los suplentes, requiriendo obligatoriamente una nueva elección por parte del pleno del Congreso.
Salvaguarda del proceso democrático
La urgencia de estos nombramientos radica en la necesidad de devolver la estabilidad técnica y jurídica al CNE de cara a los próximos comicios. En meses anteriores, tanto López como Hall habían comparecido ante comisiones especiales del Congreso debido a solicitudes de juicio político, denunciando un “ataque sistemático” y falta de garantías reales para el desarrollo normal de las elecciones. Con la consolidación de estos nuevos acuerdos legislativos, las bancadas mayoritarias pretenden disipar la incertidumbre y asegurar que el cronograma electoral avance sin mayores dilaciones.
