Tegucigalpa.- Los propietarios y conductores de las unidades de “taxis VIP” reaccionaron con indignación ante los severos operativos de decomiso ejecutados por las autoridades. Los transportistas denunciaron públicamente que son objeto de una persecución injustificada por parte de los inspectores estatales, argumentando que lo único que pretenden es ejercer su derecho al trabajo para llevar el sustento diario a sus hogares.
Ante la retención de sus vehículos, los afectados se organizaron para alzar su voz de protesta y exigir un cese inmediato a las sanciones que consideran desmedidas.
Argumentos y demandas de los dueños de unidades
Los prestadores de este servicio privado expusieron sus principales quejas y demandas ante las acciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre:
- Derecho al trabajo: Los dueños manifestaron que operan de forma pacífica y que recurren a esta modalidad debido a la alarmante falta de empleo formal que golpea al país.
- Inversión familiar: Denunciaron que el decomiso de los automotores les genera una grave crisis económica, ya que muchos vehículos están siendo pagados mediante préstamos bancarios.
- Disposición a pagar: Los conductores aclararon que no se niegan a cumplir con la ley, sino que exigen que el Gobierno les abra una ventanilla o proceso oficial para registrarse y pagar los impuestos correspondientes.
- Seguridad y preferencia: Argumentaron que la ciudadanía los prefiere y solicita sus servicios de manera voluntaria debido a que ofrecen un transporte más seguro, limpio y confiable en comparación con el rubro tradicional.
Llamado a una mesa de diálogo urgente
Los representantes de las plataformas de transporte VIP advirtieron que, de continuar el decomiso violento de sus herramientas de trabajo, se verán obligados a realizar movilizaciones masivas y plantones frente a las instalaciones del instituto regulador. Los dueños de las unidades solicitaron formalmente a las autoridades que se detengan las multas de miles de lempiras y los traslados en grúas, proponiendo en su lugar la instalación de una mesa de diálogo técnico para consensuar una tarifa legal, un censo de conductores y un permiso temporal que les permita trabajar bajo el amparo de la ley.
