Tegucigalpa.- Un tribunal de la República de Honduras declaró culpable al exdirector del centro penal de máxima seguridad denominado “La Tolva”, José Rodimiro Arita, por la comisión del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios. No obstante, el exjefe penitenciario fue absuelto por la judicatura de los cargos graves de Lavado de Activos y Asociación para Delinquir que le imputaba el ente acusador del Estado, dictaminándose que deberá ser excarcelado de forma inmediata de su recinto de reclusión.
La resolución judicial también modificó la condición legal de los demás implicados en la misma causa penal. Los jueces asignados al caso determinaron favorecer al asesor legal Luis Rodríguez Alvarado, ordenando que se le extienda y entregue su carta de libertad definitiva al no encontrarse indicios suficientes para mantener las medidas restrictivas en su contra.
Sentencias diferenciadas, absoluciones y permanencia en prisión femenina
El veredicto emitido por el tribunal competente desglosó la responsabilidad penal individual de cada uno de los procesados de la siguiente manera:
- Condena específica: José Rodimiro Arita enfrentará las sanciones correspondientes únicamente por quebrantar sus deberes como funcionario público al frente del penal de Morocelí.
- Excarcelación ordenada: Al caerse las acusaciones de criminalidad organizada, el exdirector técnico de la cárcel de máxima seguridad recibirá su orden de salida del centro de detención.
- Libertad para asesor: Luis Rodríguez Alvarado quedó completamente absuelto de los cargos, extinguiéndose toda acción penal en su contra mediante carta de libertad definitiva.
- Prisión para implicada: En contraste, la encausada Diana Gisela Zelaya continuará recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
- Cargos vigentes: A Zelaya se le siguen imputando con rigurosidad los delitos de Lavado de Activos y Asociación para Delinquir, por lo que seguirá cumpliendo su pena en prisión.
Caso judicial evidencia los controles en el sistema penitenciario nacional
El proceso penal incoado en su momento contra las máximas autoridades de “La Tolva” mantuvo bajo estricta vigilancia los protocolos de seguridad y administración interna de las cárceles de máxima seguridad del país, luego de que se denunciaran supuestas irregularidades en el ingreso de fuertes sumas de dinero en efectivo destinadas a estructuras criminales. Aunque el Ministerio Público buscaba una condena unánime por delincuencia organizada, las pruebas técnico-jurídicas evacuadas en el debate solo permitieron acreditar la falta administrativa e institucional en el desempeño de las funciones operativas de Arita. Defensores de los derechos humanos y analistas legales esperan que este fallo siente un precedente sobre la transparencia en la gestión carcelaria de Honduras.
