Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) emitió una enérgica advertencia al Congreso Nacional sobre la necesidad imperiosa de blindar el nuevo proyecto de reforma al sector energético. Según el experto en materia energética del organismo de sociedad civil, Edgar Aguilar, aunque la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo representa una oportunidad real para ordenar el mercado eléctrico y fortalecer las finanzas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se requieren ajustes urgentes para evitar que intereses particulares desvirtúen su propósito original.
El representante técnico de la ASJ reconoció que, en términos generales, el decreto en discusión avanza en una dirección positiva hacia la modernización sectorial. No obstante, consideró indispensable que las diferentes bancadas legislativas aprovechen las jornadas de socialización para introducir modificaciones de fondo que garanticen una transparencia absoluta, una robusta institucionalidad y reglas de competencia claras para todos los actores del mercado.
Independencia del regulador, opacidad en directivas y riesgo de incentivos ocultos
La organización civil detalló los puntos críticos del decreto que ameritan una profunda revisión y modificaciones por parte de los diputados:
- Autonomía institucional: La ASJ exige fortalecer los mecanismos de independencia del ente regulador y del operador del sistema eléctrico del país.
- Reducción de discrecionalidad: Demandan delimitar los alcances del denominado “banco de experimentación regulatoria” para evitar decisiones arbitrarias.
- Gobernanza transparente: El técnico señaló que se requiere total claridad sobre cómo se conformarán las juntas directivas de las futuras empresas subsidiarias de generación, transmisión y distribución.
- Alerta por textos paralelos: Aguilar advirtió sobre la circulación de borradores paralelos que pretenden introducir beneficios e incentivos económicos retroactivos para tecnologías de generación específicas.
El fantasma de la deuda y la advertencia de la sociedad civil
El especialista de la ASJ recordó a la opinión pública que las malas decisiones legislativas del pasado, caracterizadas por el otorgamiento desordenado de subsidios y contratos de generación lesivos sin licitaciones competitivas, mantienen a la estatal eléctrica arrastrando una pesada deuda que supera los 5,400 millones de lempiras.
Aguilar fue categórico al señalar que cualquier discusión relacionada con incentivos fiscales o arancelarios para empresas energéticas debe ser ventilada en una legislación completamente separada y jamás dentro de una ley cuyo espíritu exclusivo es el ordenamiento técnico. Frente al inminente debate en la cámara legislativa tras el receso de los diputados, la ASJ sentenció que mantendrá un monitoreo riguroso y una vigilancia extrema, advirtiendo que no tolerarán la aprobación de un decreto que termine distorsionado por presiones corporativas.
