“Las personas defensoras de los derechos humanos sufrían elevados niveles de violencia y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes“, señaló Amnistía Internacional.
Destacó que en junio pasado un tribunal de Honduras condenó a David Castillo a 22 años de prisión por su participación en el asesinato en 2016 de la indígena lenca y defensora ambiental Berta Cáceres.
Sin embargo, añadió, “no se avanzó en lo referente a llevar ante la Justicia a quienes habían planeado el homicidio” de Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas de muerte.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), cuyo presidente era Castillo, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Guapinol
AI resaltó además la detención “arbitraria” por más de dos años de ocho defensores que se oponían a un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
Los defensores fueron puestos en libertad en febrero de 2022 tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se citaban “varias violaciones del derecho al debido proceso“.
Señaló que el Supremo hondureño también anuló los procesos penales contra otros cinco defensores del río Guapinol, cuyo conflicto se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, por “la ilegalidad” de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company), lo que la compañía ha rechaza.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y su coordinadora, Miriam Miranda, denunciaron haber sido objeto de “agresiones y nuevos procesos penales”, según el informe.
AI lamentó que Honduras no se haya adherido al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
Expresó su preocupación por que en Honduras “no se garantiza el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas” para implementar propuestas de proyecto, de acuerdo con una iniciativa de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal.
Uso de la fuerza
Por otra parte, AI cuestionó que ningún miembro de las fuerzas de seguridad enfrentó la Justicia en Honduras por su presunta responsabilidad penal por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las protestas surgidas por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017.
“No compareció ante la Justicia ningún miembro de los cuerpos de seguridad que habían utilizado fuerza excesiva contra manifestantes durante la represión de 2017“, enfatizó.
También mencionó la aprobación en febrero de 2022 por parte del Parlamento hondureño de una ley que contempla una “amplia amnistía” para las personas acusadas por participar en las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, y por defender los territorios y el medioambiente.
No obstante, le preocupa a AI que la amnistía también se aplique a personas acusadas de corrupción en el país centroamericano.
Miles de personas abandonaron el país a causa de la violencia, la impunidad, la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, señaló el informe de AI.
La impunidad es uno de los flagelos que en gran medida causa altos niveles de pobreza en Honduras, donde más del 70 % de los 9,7 millones de habitantes son pobres, según cifras oficiales.
