Tegucigalpa.- Las alarmantes cifras oficiales reveladas por el Ministerio Público expusieron una cruda y constante realidad institucional al contabilizar anualmente un promedio que oscila entre ochocientas y novecientas denuncias formales por abusos sexuales perpetrados en agravio de niñas, niños y adolescentes en el territorio hondureño.
Este flujo masivo de causas penales refleja la magnitud de una problemática social latente que golpea con severidad a los sectores más vulnerables de la población, evidenciando las múltiples barreras de acceso a la justicia y la persistente vulneración de los derechos fundamentales de la infancia en las diferentes regiones del país.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y agencias especializadas han señalado de manera reiterada que la cifra negra de agresiones podría ser considerablemente superior, debido al temor de las víctimas, la desconfianza institucional y las complejas redes de encubrimiento que suelen rodear este tipo de vejámenes en el entorno familiar y comunitario.
Ante este panorama desolador, diversos sectores de la sociedad civil exigen un reforzamiento drástico de los mecanismos de investigación criminal, la optimización de las fiscalías de protección a la niñez y la implementación de políticas públicas preventivas efectivas para erradicar la impunidad y frenar la violencia contra las nuevas generaciones.
