Tegucigalpa.- Una preocupante radiografía sobre la disponibilidad de alimentos en el territorio nacional fue expuesta por la legisladora Alejandra Burgos, quien encabeza la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, al estimar que cerca de 2.2 millones de ciudadanos padecen actualmente problemas de inseguridad alimentaria..
La parlamentaria detalló que, dentro de este grupo de alta vulnerabilidad, cerca de 60 mil personas han caído en la denominada “fase cuatro” de la escala de evaluación alimentaria, un nivel crítico que demanda una intervención estatal prioritaria e inmediata para evitar hambrunas o cuadros severos de desnutrición.
La crisis alimentaria se ha visto agravada de forma directa por la intensa sequía que impacta a amplias regiones agrícolas del territorio nacional, lo que ha provocado una reducción en la producción de granos básicos, una disminución de los ingresos en las zonas rurales y el encarecimiento de la cesta básica para miles de familias.
Ante esta compleja situación, las autoridades legislativas recalcan la urgencia de implementar planes de contingencia y apoyo directo a las comunidades más afectadas, buscando mitigar los efectos del cambio climático y garantizar el derecho fundamental a la alimentación de la población en riesgo.
