Tegucigalpa.- La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional entró formalmente en vigencia tras su promulgación en el Diario Oficial La Gaceta, consolidando un marco jurídico severo aprobado previamente por unanimidad en el Congreso Nacional para neutralizar la peligrosidad de los cabecillas e integrantes de estructuras criminales.
Bajo las nuevas disposiciones contenidas en el decreto gubernamental, aquellos reclusos identificados o declarados formalmente como terroristas o pandilleros quedarán sujetos a un régimen de máxima seguridad que contempla el aislamiento individual absoluto en celdas especiales, prohibiendo de manera categórica cualquier forma de convivencia colectiva dentro de los centros penales del país.
El estatuto legal restringe drásticamente la libertad ambulatoria de estos internos, limitando su salida al exterior de los módulos a circunstancias excepcionales bajo escolta permanente y reduciendo el tiempo de esparcimiento físico a breves lapsos de calistenia diaria en pasillos estrictamente vigilados por los cuerpos de custodia del Estado.
Asimismo, se impone una prohibición absoluta en el uso de dispositivos electrónicos, celulares o cualquier medio de comunicación externa, vetando de forma radical la portación de dinero en efectivo, alimentos no autorizados y el acceso a visitas conyugales o íntimas, mientras que las entrevistas con defensores legales y familiares quedan sujetas a rigurosos controles a través de cristales o pantallas.
La normativa faculta a las autoridades penitenciarias para intensificar la fiscalización mediante sistemas de monitoreo electrónico continuo, cámaras de vigilancia y requisas diarias en las celdas, blindando el sistema carcelario contra privilegios y asegurando el cumplimiento estricto de sanciones ejemplares contra la criminalidad organizada.
