La Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, presidida por la diputada liberal por Cortés Alejandra Vallecillo, se reunió este lunes con representantes del Ministerio Público, con quienes abordaron temas estratégicos de prevención contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
La reunión tuvo como objetivo conocer mecanismos de investigación que mantiene el Ministerio Público para atender casos de acoso sexual y de abuso sexual en centros educativos.
Asimismo, abordaron cómo fortalecer o establecer planes preventivos para reducir las cifras de esta problemática que afecta principalmente a los niños y jóvenes en etapa escolar.
“Hemos identificado algunos procedimientos que les permite recoger indicios en casos de acoso en centros educativos; vamos a fortalecer estos instrumentos y metodologías”, indicó la diputada liberal Alejandra Vallecillo.
“Vamos a seguir apoyando al Ministerio Público y Secretaría de Salud para que continúen con programas de charlas y fortalecimiento en los procesos de denuncias en los distintos centros educativos a nivel nacional, ya que ellos son los primeros en recoger la información cuando existen casos de abuso”, finalizó.
Mecanismo de denuncias
Como parte de las estrategias de prevención de casos de abuso sexual se mencionó el módulo de recepción de denuncias, el cual actúa como el primer eslabón del Ministerio Público.
Dicho módulo opera en las sedes de los diferentes despachos fiscales como una oficina de atención primaria y con un enfoque centrado en la victima.
Según las cifras de incidencias del año 2025 en las ciudades de mayor densidad poblacional, las fiscalías que más recibieron denuncias por casos de abuso sexual infantil y adolescente son: Tegucigalpa, 371; San Pedro Sula, 264; La Ceiba, 134; Comayagua, 108; Choluteca, 103, y Juticalpa, 102.
“De estos casos presentados solo el 62% se resuelven, y el 38% restante se mantiene en investigación continua”, la fiscal de la Niñez del Ministerio Público, Ela Paredes.
“Nuestro objetivo es fortalecer la coordinación intra e interinstitucional de los actores de justicia, a fin de contribuir a la transformación de servicios de justicia más eficientes y eficaces; asimismo, priorizar la atención en estos casos para reducir la revictimización y la impunidad”, concluyó la fiscal.
