Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó de manera oficial que mantiene en desarrollo una exhaustiva auditoría financiera y de cumplimiento legal en las dependencias de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). La intervención institucional del ente contralor de la República se ejecuta tras el ingreso de una denuncia pública relacionada con la presunta falta de liquidación e inconsistencias administrativas en los procesos de entrega del Bono Tecnológico Productivo, un programa gubernamental diseñado para subsidiar e impulsar la productividad de los pequeños agricultores del país.
El portavoz oficial del TSC, Rodolfo Isaula, pormenorizó que la comisión de auditores se instaló físicamente en las oficinas de la SAG a inicios del presente año. Las diligencias de fiscalización se encuentran enmarcadas dentro del Plan Operativo Anual de la institución fiscalizadora del Estado y pretenden transparentar los mecanismos de distribución de insumos implementados por las autoridades del sector agrícola en los diferentes departamentos productivos.
Cuatro años bajo investigación, toma de declaraciones y posibles responsabilidades
Los plazos de la investigación presupuestaria, los métodos de recolección de pruebas documentales y los alcances legales de la auditoría se detallan a continuación:
- Período bajo análisis: La auditoría abarca de forma retrospectiva la gestión financiera comprendida desde el 27 de enero de 2022 hasta el 26 de enero de 2026.
- Alcance de la revisión: El proceso no se limita únicamente a la queja sobre el subsidio agrícola, sino que evalúa de forma integral toda la ejecución presupuestaria de la dependencia durante los últimos cuatro años.
- Incorporación de denuncia: Las pesquisas sumaron formalmente un expediente de denuncia pública interpuesto en mayo pasado sobre las supuestas fallas de liquidación del Bono Tecnológico.
- Requerimiento de información: El equipo auditor formalizó las solicitudes de documentación técnica y soportes contables mediante los enlaces institucionales designados por la SAG.
- Prácticas de verificación: Las diligencias en curso incluyen análisis documentales minuciosos, revisión de expedientes técnicos y la toma de declaraciones al personal administrativo.
- Rastreo de insumos: La comisión indaga si las anteriores administraciones de la SAG realizaron los controles y verificaciones obligatorias al momento de repartir los beneficios a los productores.
- Principio de transparencia: El vocero Isaula reiteró que el fin primordial de la indagación es garantizar el uso correcto de los fondos públicos bajo los principios de rendición de cuentas.
Emitirán informe con responsabilidades civiles, administrativas o penales
Una vez concluida la recolección de evidencias y auditoría de campo, el Tribunal Superior de Cuentas procederá a redactar un informe final que detallará los hallazgos definitivos del caso y las recomendaciones de estricto cumplimiento para la secretaría.
El portavoz advirtió que de detectarse indicios suficientes de dolo o negligencia en el manejo de los recursos del Bono Tecnológico, el pleno del TSC determinará las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal que correspondan contra los exfuncionarios y empleados implicados.Dichos expedientes serán remitidos de inmediato a los órganos competentes y al Ministerio Público para que se inicien los requerimientos y el procedimiento judicial establecido en la legislación nacional.
