Tegucigalpa.- Un grupo de exempleados de la Procuraduría General de la República (PGR) se presentó ante las oficinas del Ministerio Público para interponer una denuncia penal formal en contra del procurador general, Dagoberto Aspra Iglesias. Los afectados señalan directamente al alto funcionario del Estado como el principal responsable de violentar sus derechos laborales y constitucionales tras una serie de despidos ejecutados en la institución.
De acuerdo con las declaraciones de los denunciantes, las acciones legales se fundamentan en la presunta comisión de los delitos de retención ilegal del pago de prestaciones laborales, discriminación y abuso de autoridad. Los ciudadanos exigen la intervención inmediata de los fiscales para que se deduzcan las responsabilidades del caso ante los tribunales competentes.
Cancelaciones masivas, fondos transferidos y vulneración de derechos
Los portavoces de los excolaboradores de la procuraduría detallaron las irregularidades que motivaron la acción judicial:
- Despidos masivos: Los trabajadores afectados fueron cancelados de sus puestos de manera masiva desde el pasado mes de febrero de 2026.
- Presupuesto disponible: Según información oficial emitida por la Secretaría de Finanzas (Sefin), los fondos económicos destinados exclusivamente al pago de las prestaciones laborales ya fueron transferidos en su totalidad a las cuentas de la PGR.
- Retención injustificada: Los denunciantes cuestionan el motivo por el cual el procurador retiene los dineros, afectando la economía y el sustento de decenas de familias hondureñas.
- Abuso de poder: Argumentan que existe un trato discriminatorio y un evidente abuso de autoridad al dilatar un derecho adquirido que por ley les corresponde tras su separación.
Exigen celeridad al Ministerio Público ante crisis laboral
Los exempleados manifestaron su preocupación ante la falta de voluntad de las autoridades de la PGR para resolver el conflicto por la vía administrativa, obligándolos a acudir a las instancias penales del país. Asimismo, solicitaron al Ministerio Público agilidad en la toma de declaraciones y en el aseguramiento de la documentación financiera interna de la institución para constatar el desvío o la retención de los recursos aprobados por Finanzas. Los afectados advirtieron que de no obtener una respuesta pronta y favorable en los próximos días, intensificarán sus medidas de presión mediante protestas pacíficas frente a las instalaciones de la procuraduría, hasta lograr que se les haga efectivo el pago correspondiente a sus años de servicio continuo.
