San Pedro Sula.- En una medida de presión extrema, los empleados del Instituto de la Propiedad (IP) iniciaron este lunes una toma de instalaciones y asambleas informativas en todas las sedes del país. La acción surge como respuesta directa al despido masivo de más de 500 trabajadores, una decisión de las autoridades que ha paralizado por completo los servicios de registro y trámites vehiculares a nivel nacional.
Los manifestantes han denunciado que las desvinculaciones se han realizado de forma arbitraria, afectando incluso a personal que goza de estabilidad laboral especial bajo la ley hondureña.
Denuncias de vulneración a grupos vulnerables
La mayor indignación entre los huelguistas radica en la falta de consideración hacia empleados que enfrentan condiciones críticas de salud o situaciones personales protegidas:
- Casos especiales: Los empleados denuncian que entre los 500 despedidos se encuentran personas que actualmente padecen cáncer y mujeres en estado de embarazo, lo cual representa una violación directa a los fueros de salud y maternidad.
- Falta de diálogo: Los sindicatos señalan que las autoridades ejecutaron los despidos “sin piedad” y sin abrir canales previos de concertación para evaluar el desempeño o la antigüedad de los colaboradores.
- Exigencia de reintegro: La consigna principal del paro es el reintegro inmediato de todos los afectados, advirtiendo que las oficinas permanecerán cerradas hasta que se instale una mesa de diálogo con las altas autoridades de la institución.
Impacto en la atención ciudadana
Debido a la toma de los edificios, los usuarios que asistieron este día para realizar trámites de placas, títulos de propiedad o consultas registrales se encontraron con los portones cerrados. Los empleados en huelga pidieron comprensión a la ciudadanía, argumentando que su lucha no solo busca proteger sus puestos de trabajo, sino también defender el respeto a los derechos laborales básicos dentro de la administración pública. Hasta el momento, la dirección del IP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la posibilidad de revertir los despidos o de sentarse a negociar con los afectados.
