San Pedro Sula, Cortés. – Fiscales de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) de la Regional del Norte solicitaron en audiencia de procedimiento abreviado penas que oscilan entre 11 y 31 años de reclusión contra una pareja acusada de vender a una menor de edad por una suma de dinero.
El caso ha generado consternación por la gravedad de los delitos imputados, relacionados con trata de personas agravada y violaciones sexuales.
Penas solicitadas por el Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó una condena de 11 años con tres meses de prisión para María Lucinda Miguel Velásquez, a quien se le atribuye el delito de trata de personas agravada en su modalidad de servidumbre.
De igual forma, se pidió una pena de 31 años con un mes de reclusión para su pareja sentimental, Kelvin Adonay Castillo, acusado de dos delitos de violación agravada en concurso real y trata de personas agravada.
Abusos dentro del núcleo familiar
De acuerdo con el expediente investigativo, el acusado habría aprovechado su relación de convivencia con la menor para cometer abusos sexuales en al menos dos ocasiones, tras ejercer control dentro del entorno familiar.
Las autoridades señalan que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad que facilitó los hechos denunciados.
Venta de la menor y operación policial
Según las investigaciones, los ahora procesados se dedicaban al comercio ambulante de frutas y verduras cuando establecieron contacto con otras personas para concretar la entrega de la menor.
El informe detalla que inicialmente se habló de una transacción de 6 mil lempiras, aunque posteriormente se estableció que el acuerdo habría alcanzado los 10 mil lempiras.
Esto derivó en una serie de allanamientos en comunidades de Santa Rosa de Copán y El Progreso, Yoro, como parte de una operación ejecutada el 26 de mayo de 2025.
En la acción participaron el Ministerio Público, la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional Policial de Servicios Comunitarios (DNPSC).
Otros implicados enfrentan proceso penal
En el mismo caso, Salvador Cruz y Silvia Ortiz enfrentan un proceso penal independiente por delitos relacionados con trata de personas en la modalidad de trabajo forzado y violación agravada.
Actualmente, estos imputados se encuentran bajo medida de prisión preventiva mientras el proceso continúa en etapa de apelación.
