La diputada Saraí Espinal informó que al menos cuatro funcionarios serán llevados a juicio político después de la Semana Santa, mediante solicitudes que presentará la Bancada Liberal.
Espinal detalló que los casos corresponden a un representante del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dos consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un consejero propietario del CNE.
Denuncias y partidos involucrados
Aunque la diputada mencionó que en total se habla de diez personas, aclaró que las otras denuncias serán presentadas por el Partido Nacional. Los juicios políticos requieren 86 votos para ser aceptados y culminar con la destitución del funcionario, tal como ocurrió con el exfiscal general Johel Zelaya.
Espinal enfatizó que, hasta el momento, no se cuentan con los votos suficientes, por lo que la tramitación de los procesos políticos no es inmediata.
Señaló que esta situación se evidenció anteriormente cuando no se incluyó a ciertos funcionarios por falta de respaldo parlamentario y se recurrió al caso del fiscal general que contaba con mayoría.
Debate sobre concentración de poder y oportunidad
La legisladora consideró que, aunque el juicio político es importante para la transparencia, no es el momento adecuado para impulsarlo, ya que podría sentar precedentes peligrosos para futuros gobiernos.
Al ser consultada sobre si los juicios reflejan concentración de poder, Espinal afirmó que sí podría interpretarse de esa manera, recordando que la gestión de Libre tuvo control sobre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ministerio Público, lo que generó un precedente similar en el pasado.
Prioridades legislativas y retos pendientes
Espinal también destacó que existen normativas y proyectos prioritarios, como el Presupuesto General de la República, que requieren atención inmediata del Congreso, reforzando la necesidad de equilibrio entre juicios políticos y agenda legislativa.
Con esta postura, la diputada busca subrayar la importancia de actuar con responsabilidad y consenso, evitando que los procesos de destitución se conviertan en herramientas de conflictos partidarios.
