El Congreso Nacional de Honduras eligió este miércoles a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general de la República, en sustitución de Johel Zelaya, destituido tras un histórico juicio político.
Reyes Theodore es abogado y notario con especialización en Derecho Laboral, y cuenta con una trayectoria consolidada en los sectores público y privado que inició como escribiente en los juzgados del país.
Una carrera construida desde la base
Con 43 años, Reyes Theodore combina formación académica y experiencia práctica. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y tiene una maestría en Derecho Empresarial, lo que le permite abordar el Derecho desde un enfoque técnico y administrativo.
Inició su trayectoria como escribiente en juzgados civiles y laborales, adquiriendo conocimiento directo del funcionamiento de la justicia hondureña. Posteriormente, se desempeñó como procurador en el sector privado, fortaleciendo su experiencia en litigio y asesoría legal.
Experiencia clave en el sector público
En el sector público, Pablo Emilio Reyes Theodore ha ocupado cargos estratégicos, incluyendo asesorías en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), hoy Servicio de Administración de Rentas (SAR), y participación en la Junta Interventora del Ministerio Público en 2013.
Estos roles le permitieron involucrarse en procesos de transformación institucional y en la gestión administrativa del Estado.
Participación en procesos de selección anteriores
Reyes Theodore también participó en la elección de Johel Zelaya como fiscal general, demostrando conocimiento de los mecanismos institucionales.
En 2023 fue parte de la nómina oficial de candidatos a fiscal general, avanzando hasta las etapas finales y consolidando su reputación como un profesional altamente calificado para el cargo.
Expectativas sobre su gestión
Diversos sectores destacan que su experiencia técnica y conocimiento del Estado lo convierten en un líder capaz de aportar estabilidad y mejoras al Ministerio Público.
Su designación genera expectativas sobre una gestión más eficiente, transparente y comprometida con el Estado de Derecho en Honduras.
