Tegucigalpa.- La audiencia de conciliación prevista para este miércoles entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Marlon Ochoa, fue suspendida de manera indefinida. El motivo principal de la cancelación fue la imposibilidad del personal del Poder Judicial para localizar y notificar formalmente a Ochoa, quien figura como la parte querellada en este proceso por delitos contra el honor.
Obstáculos en la notificación judicial
A pesar de los intentos de los receptores judiciales, el paradero del funcionario no pudo ser confirmado para la entrega del documento legal:
- Búsqueda sin éxito: El Poder Judicial informó que se intentó ubicar a Marlon Ochoa en la dirección registrada para notificaciones anteriores, pero no fue posible encontrarlo en dicho lugar.
- Ajustes de agenda: El portavoz de la Corte Suprema, Carlos Silva, explicó que, además de la falta de notificación, el juez de conciliación debió modificar su programación debido a compromisos previos, situación que ya fue comunicada al equipo legal de Cossette López.
- Fecha incierta: Ante la ausencia de una notificación efectiva al querellado, el juzgado aún no ha designado una nueva fecha para celebrar la diligencia, dejando el caso en una pausa administrativa.
Detalles de la querella por calumnias
La acción privada interpuesta por la consejera presidenta, Cossette López, busca deducir responsabilidades por lo que ella considera ataques sistemáticos a su dignidad:
- Cargos presentados: La denuncia contempla tres delitos de calumnia en publicidad de concurso ideal y un delito adicional de calumnia en perjuicio de su imagen pública.
- Tensión institucional: Este conflicto jurídico surge tras declaraciones públicas de Ochoa que López califica como imputaciones falsas, escalando las diferencias internas del CNE al ámbito de los tribunales de sentencia.
- Impacto en el CNE: La imposibilidad de realizar esta audiencia refleja las dificultades que enfrenta la justicia para garantizar la presencia de funcionarios de alto rango en procesos de acción privada.
La suspensión de este acto judicial pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el sistema de justicia para garantizar la presencia de funcionarios de alto rango en querellas de acción privada. Mientras no se logre una notificación efectiva, el proceso permanecerá en una pausa administrativa, prolongando la incertidumbre y la tensión interna que actualmente fractura la operatividad del máximo ente electoral del país.
