Tegucigalpa.- Durante la intensa audiencia pública celebrada este martes en el Congreso Nacional, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, mantuvo un fuerte intercambio con la diputada Luz Ernestina Mejía, quien lo cuestionó por el movimiento de fiscales asignados a casos de alto impacto. Zelaya rechazó los señalamientos, calificándolos como una interpretación errónea de la normativa interna del Ministerio Público (MP).
Facultades legales y traslados históricos
Zelaya argumentó que sus decisiones administrativas no fueron arbitrarias, sino que se ampararon estrictamente en el marco legal vigente:
- Respuesta a la diputada: “Yo creo que usted está mal informada, la Ley del Ministerio Público faculta al fiscal general mover a cualquier fiscal en cualquier momento para donde sea y eso ha sido histórico”, sentenció el funcionario ante la Comisión Especial.
- Potestad administrativa: El fiscal suspendido explicó que la rotación de personal es una herramienta necesaria para la operatividad de la fiscalía y que no debe interpretarse como una obstrucción a la justicia en casos específicos.
- Cuestionamiento a la Comisión: Zelaya insistió en que se está juzgando una práctica administrativa común como si fuera un delito constitucional, lo que refuerza su postura de que el juicio tiene tintes políticos.
Avances en el caso de Juan López
En un anuncio de relevancia nacional, Zelaya utilizó el espacio de la audiencia para brindar actualizaciones sobre uno de los crímenes que más ha conmocionado al país:
- Justicia para el ambientalista: Informó que las investigaciones por el asesinato del líder ambientalista Juan López han avanzado sustancialmente bajo su gestión.
- Plazo para requerimientos: El fiscal suspendido aseguró que durante el mes de abril se presentarán los requerimientos fiscales correspondientes contra los responsables materiales e intelectuales del crimen.
- Compromiso con la causa: Zelaya utilizó este anuncio para demostrar que, a pesar de las críticas por los traslados de personal, las fiscalías especializadas han seguido trabajando en casos emblemáticos de derechos humanos.
Este anuncio pone presión sobre la estructura interina actual del Ministerio Público, ya que el pueblo hondureño y organizaciones internacionales estarán expectantes al cumplimiento de esta promesa de justicia el próximo mes.
