Tegucigalpa.- En una de las declaraciones más impactantes de su comparecencia ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, reveló este martes que fue objeto de un intenso acoso digital para dirigir operativos judiciales específicos. Según Zelaya, recibió cientos de comunicaciones que le exigían intervenir el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) utilizando las fuerzas élite del Ministerio Público.
Acoso y cambio de línea telefónica
El funcionario suspendido detalló ante los diputados la magnitud de las coacciones que enfrentó durante el ejercicio de su cargo:
- Intervención dirigida: Zelaya afirmó haber recibido al menos 800 mensajes de presión en los que se le instaba a presentarse en las instalaciones del Infop junto a agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
- Decisión personal: Ante el asedio constante de estos grupos de presión, el fiscal aseguró que tomó la determinación drástica de cambiar su número telefónico para salvaguardar la independencia de sus actuaciones y evitar que la agenda de la fiscalía fuera dictada por mensajes externos.
- Independencia de criterio: Zelaya utilizó este argumento para defenderse de las acusaciones de “justicia selectiva”, sosteniendo que, a pesar de las presiones masivas, no cedió a caprichos políticos o mediáticos para realizar allanamientos sin sustento técnico.
Implicaciones en el juicio político
Esta revelación añade un nuevo matiz al proceso de investigación que lidera la comisión presidida por el diputado Mario Pérez:
- Seguridad del fiscal: Zelaya vinculó estas presiones con las amenazas que ha denunciado anteriormente, sugiriendo que existen sectores interesados en instrumentalizar el brazo acusador del Estado.
- Evaluación de la Comisión: Los comisionados deberán determinar si estas presiones influyeron en la parálisis o aceleración de ciertos casos emblemáticos de corrupción que hoy forman parte del pliego de cargos en su contra.
- Transparencia: El fiscal suspendido insistió en que su gestión se basó en la ley y no en el “clamor de redes sociales” o mensajes directos, calificando el juicio en su contra como una represalia por no haber sido “sumiso” a ciertos sectores.
