Representantes de Derechos Humanos aseguran que el estado de excepción hizo más daños que soluciones en Honduras.
Tegucigalpa. La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, denunció que durante la vigencia del estado de excepción en el país se registraron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas desapariciones, torturas y detenciones irregulares.
Según explicó la funcionaria, un informe técnico de la institución documenta al menos ocho casos de personas desaparecidas, cinco casos de tortura y al menos 15 detenciones realizadas sin el debido procedimiento legal, lo que evidencia irregularidades en la aplicación de la medida.
“Hay ocho casos de personas desaparecidas en el marco del estado de excepción, hay cinco casos de tortura documentados en un informe que tenemos”, afirmó la ministra al detallar la información recopilada.
García Pagán señaló que obtener estos datos fue complicado debido al carácter confidencial con el que se manejó la información, sin embargo, aseguró que se realizan esfuerzos para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que durante 2025 se registraron más de mil quejas en todo el país relacionadas con el estado de excepción, lo que refleja un patrón de denuncias por posibles abusos.
Debilidades del sistema judicial
El organismo también advirtió sobre debilidades en el control legislativo y judicial, además de una rendición de cuentas insuficiente, y cuestionó que el Estado no justificó de manera clara la necesidad de extender la medida, la cual fue prorrogada en más de 22 ocasiones sin seguir plenamente el proceso constitucional.
El estado de excepción estuvo vigente desde diciembre de 2022, durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, y se extendió hasta inicios de 2026 con el argumento de combatir la extorsión y la violencia de pandillas en gran parte del territorio nacional.
No obstante, esta medida implicó la restricción de garantías constitucionales y generó múltiples denuncias por detenciones arbitrarias y abusos, las cuales ahora son objeto de revisión por parte de las autoridades de derechos humanos.
