Tegucigalpa.- En un nuevo capítulo de confrontación institucional, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, arremetió este martes contra la gestión del Fiscal General de la República, Johel Zelaya. Castellanos fue enfática al señalar que Zelaya debería ser el primer funcionario en ser sometido a un juicio político, argumentando que su desempeño no responde a los intereses del pueblo hondureño sino a lineamientos políticos.
Señalamientos de impunidad y sesgo político
La titular del organismo anticorrupción cuestionó la falta de acciones concretas en casos que considera lesivos para el Estado:
- Inacción en requerimientos: Castellanos criticó que el Ministerio Público se ha limitado a investigar sin presentar requerimientos fiscales en casos donde existen hechos evidentes de irregularidades por parte de empresas y funcionarios.
- Persecución selectiva: Hizo un llamado al Ministerio Público para abandonar lo que calificó como una “persecución política” y enfocarse en judicializar causas que realmente afectan a la ciudadanía.
- El factor impunidad: Para la directora del CNA, el problema central del país no es solo la corrupción, sino la impunidad generada por instituciones que tienen la facultad de actuar y deciden no hacerlo.
Crítica a la “apariencia” de tranquilidad
Ante las recientes declaraciones del Fiscal General donde se muestra sereno frente a las amenazas de juicio político, Castellanos advirtió que la actitud no borra las responsabilidades legales:
- Cara fresca, cuentas pendientes: “A cuántos corruptos no hemos visto con las caras frescas, pero eso no significa que no tengan responsabilidad”, sentenció Castellanos, desestimando la imagen de seguridad que proyecta Zelaya.
- Temas pendientes en el Congreso: Mencionó que el Legislativo debe analizar temas críticos como la falta de requerimientos fiscales durante el proceso electoral y otros asuntos de quórum importantes donde el actuar del Fiscal ha sido cuestionado.
- Independencia técnica: Reiteró la necesidad de que el Congreso elija a personas técnicas y honestas que no respondan a intereses partidarios o a caudillos políticos específicos.
Exigencia de judicialización
La abogada Castellanos subrayó que el CNA ha realizado acercamientos en investigaciones que apuntan a múltiples responsables, y aunque no todas han sido presentadas como denuncia formal, aseguró que el Ministerio Público ya posee la información necesaria para actuar debido a su participación en los procesos señalados. “Hay que judicializar las causas para fortalecer la democracia”, concluyó.
