Tegucigalpa.- Este lunes 16 de marzo de 2026, la audiencia de conciliación entre el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, y la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, finalizó sin acuerdos. El titular del Ministerio Público se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras ser rechazada una nulidad interpuesta por su defensa, confirmando que el proceso judicial por presunta calumnia y revelación de secretos avanzará a la siguiente etapa.
Declaraciones de las partes y pruebas en camino
Tras menos de una hora de comparecencia, la falta de consenso obligó a que la querella se eleve a un juicio oral y público:
- Postura del Fiscal General: Zelaya se mostró sereno y aseguró no tener miedo al proceso judicial. Ante el fracaso de la conciliación, fue contundente al declarar que el Ministerio Público presentará todas las pruebas necesarias para demostrar “la verdad” ante el juez. Reiteró que su compromiso es continuar trabajando hasta el fin de su mandato en 2029, desestimando el “ruido político” del caso.
- Defensa de Cossette López: La consejera electoral rechazó cualquier arreglo extrajudicial, afirmando que no permitirá que se dañe su honorabilidad ni la integridad del proceso democrático. López sostiene que los audios divulgados en 2025, que la vinculaban supuestamente con un boicot electoral junto a Tomás Zambrano, fueron falsificados y que la actuación del fiscal buscaba afectarla personalmente desde la institucionalidad.
- Nulidad rechazada: Previo a esta audiencia, la defensa técnica de Zelaya intentó desestimar la querella mediante un recurso de nulidad, argumentando la inadmisibilidad de la misma; sin embargo, el juez natural lo declaró sin lugar, dejando el proceso en firme.
Contexto de la querella
La acción legal fue interpuesta por la consejera López el 31 de octubre de 2025, luego de que el Fiscal General hiciera públicos audios durante una cadena nacional. López argumenta que Zelaya vulneró su presunción de inocencia y se arrogó funciones de juez al incriminarla públicamente basándose en grabaciones que, según ella, nunca fueron certificadas como válidas.
Con el fracaso de la conciliación, el Poder Judicial deberá designar la fecha para el inicio del juicio oral, marcando un precedente en el enfrentamiento legal entre dos titulares de instituciones clave del Estado hondureño.
